Los tres casos tienen un factor en común; el accionar policial contra un determinado sector; el de las clases bajas, y por si fuera poco, Pelayo era un joven Qom.
Mientras tanto, en los tres hechos no hay muchos avances judiciales y se apunta no solamente a las fuerzas de seguridad y su papel, sino también a la impunidad con la que se manejan en la justicia y su relación con la política.
Marcelino Leiva es abogado querellante en el caso de Aguilar y sostiene que hay una “disposición política” para que los agentes “tiren a matar”, lo cual está garantizado luego por una “serie de cuestiones que tiene que ver con el encubrimiento de los casos”.
“La gente tiene miedo de ir a declarar en la policía y la comisaría, porque no hay tal investigación, sino un hostigamiento para que lisa y llanamente se retracte de lo que afirmaron”, dijo en relación a lo que está sucediendo con los testigos de la causa que lleva adelante.
Es que acusó al Órgano de Control Institucional (OCI), que cita simultáneamente en la Comisaria 2º de Barranqueras a quienes ya declararon en la justicia como testigos. “Éste es un órgano de control institucional de la Policía, que estaría encargado de investigar al personal, pero llaman a los chicos que han declarado en la causa judicial”, afirmó, pero aclaró que “nadie declarará más de lo que lo hizo frente al juez” ni tiene la obligación de hacerlo. No obstante, el objetivo que tiene esta disposición, es el de amedrentar y hostigar a quienes atestiguan en contra de la Policía.
Mientras tanto, espera el dictado de prisión preventiva del policía Palacios, acusado de haber disparado contra Exequiel.
“Estamos tratando de incorporar nuevos elementos de prueba, ya que los testigos lo dan como autor de los supuestos disparos” dijo.

El caso Godoy
La investigación del caso Godoy, por su parte, la está llevando la Secretaría de Derechos Humanos a cargo del doctor Daniel Turraca, aunque los avances no fueron muy significativos ya que recién pudieron dar con la fotocopia para iniciar las investigaciones correspondientes a las actuaciones.
Rolando Núñez, abogado también en la causa, afirmó que Godoy en ningún momento fue golpeado por los vecinos, que fueron quienes afirmaron además que la policía lo subió por la fuerza y en medio de golpes, a la camioneta de la Comisaría 6º, y que tras una hora de ingresar al Perrando, falleció.
Hasta el momento, extraoficialmente, se supo que el examen forense arrojó que la víctima habría recibido un feroz castigo y tormentos provocados por el personal policial, porque presentaba la cara desfigurada, posiblemente por culatazos de una itaca o la suela de los borceguíes.
Núñez lamenta que la causa de Pelayo no se esté tramitando en la Fiscalía de Derechos Humanos, porque asegura que corresponde también a una violación de derechos humanos.
“Si el disparo se produjo de atrás para adelante, estamos hablando de una posible ejecución. Vale determinar la distancia, pero en definitiva, si se produjo a media distancia, estaríamos ante un homicidio grave”, aseveró.
Según explicó, si es que hubo una reyerta en medio de la calle, la Policía debería haber enviado una patrulla para disuadir al tumulto con la mayor cantidad de efectivos posibles. En caso de no resultar, el siguiente paso debería haber sido tirar al aire balas de goma. Pero nada de esto sucedió y el testimonio de la familia indica que ni bien arribaron los oficiales, dispararon sobre el joven.
Recordó la pésima relación e histórica existente entre el personal Policial de la comisaria de Fontana con los vecinos pertenecientes a la comunidad QOM.
“A la noche ingresaban al barrio alcoholizados, disparando las itacas hacia ambos lados de la camioneta” afirmó mientras que detalló por el otro lado, las pésimas condiciones económicas de los habitantes.“Un cuadro de absoluta precariedad, la falta de proyectos de vida, el ghetto en el que viven, sumados a la brutalidad policial, genera este tipo de situaciones”.

20 muertes
Según dio a conocer, las muertes producidas por la Policía perteneciente al Gobierno de Jorge Capitanich, supera los 20 casos, más “algunos suicidios y enfrentamientos que no fueron tales”.
“hay un uso político de la institución policial para fines ajenos a la policía, a lo que se le suma la impunidad que le garantiza la justicia chaqueña”, acusó y remató: “hasta el fiscal de derechos Humanos tiene limitados medios para investigar. La justicia penal es un desastre aunque se crea que estoy exagerando”.

Una de las políticas del Gobierno actual es la de implementar más oficiales de policía, junto con móviles que deberían garantizar la seguridad de los ciudadanos; sin embargo, los casos mencionados anteriormente demuestran un accionar totalmente contrario a su verdadera función.


Fuente:PrimeraLinea