Esta fue la norma más importante aprobada durante la sesión de ayer. Quedó en evidencia la baja producción parlamentaria que afecta a la Legislatura por los tiempos electorales que siguen ganando terreno.

“La idea es que estos especialistas ofrezcan el servicio de mediación familiar en el Centro Público de Mediación. Hasta tanto se alcance la funcionalidad necesaria, los casos serán derivados a la Asesoría de Menores, Juzgado de Familia, y otros organismos competentes”, relataron los autores de la norma, Marcelo Castelán y Ricardo Sánchez.

Castelán remarcó que “la modificación de la Ley 6.498, que la sancionamos en el 2009, aspira a crear una instancia de mediación en forma obligatoria en todas las cuestiones familiares”.

“Cuando sancionamos esta ley, aspiramos a que se potencie estos medios alternativos de resolución de conflicto en vez de seguir aumentando la estructura del poder judicial, dar un mecanismo ágil de solución y que la mediación, vendría a ser una solución prácticamente que queda en manos de las partes con la ayuda de un mediador”, relató.

“Cuando se intenta hacer un cambio en materia de resolución conflicto, hay resistencia en la gente o en los colegas, en este caso hubo problemas por el registro de mediadores. Faltan mediadores respecto de estos problemas. Hoy la ley 6.448 está vigente pero no se está cumpliendo”, reconoció.

Aclaró que “esta propuesta que impulsamos con el diputado Sánchez intenta dar una salida transitoria para los casos en que intervengan el Centro Publico de Mediación en que las partes tiene el beneficio de litigar sin gastos, que sea derivados en un porcentaje, hasta que se cuenten con los recursos humanos”.

En ese aspecto explicó que “agregamos un párrafo al artículo 12 para que el STJ pueda establecer un porcentaje en base a los recursos que cuente, y al mismo tiempo en la comisión de Hacienda donde está radicado el proyecto del Centro Publico de Mediación para la creación de cargos, que sería bueno que se pueda avanzar en esta iniciativa”.

En tanto, el diputado Daniel Trabalón recordó que “esta ley fue sancionada en el 2009 y tuvo posteriormente dos suspensiones la primera en marzo y la segunda julio de 2011, nos gustaría conocer más en profundidad algunos cuestiones que hacen a este tema”.

Desde la bancada justicialista el diputado Ricardo Sánchez, reseñó: “Esta ley de mediación que hemos sancionado en el 2009, es muy buena porque incluye dentro de esta obligatoriedad las materias que realmente son lo más conflictivo dentro de las cuestiones familiares, son las cuestiones patrimoniales, el tema alimentos, régimen de visitas, vivienda conyugal, lo medular que se discute en cada cuestión de familia”.

“Estará en la habilidad del mediador lo mejor o lo peor que quede para privilegiar la cuestión de los menores, hasta la atribución de la vivienda o patrimonial, pero por cuestiones presupuestaria no se fue implementando, por eso que con Castelan estamos modificando el artículo 12 que habla del Centro Publico de Mediación, que habla de un servicio conexo del poder judicial, que atiende de manera gratuita y que conforme a los criterios de evaluación puedan ser objeto de mediación”.

Luego admitió: “todavía tenemos en Hacienda la estructura de cargos que de todos modos está funcionando, pero que si le derivamos todo de golpe, no tienen los recursos humanos para fijar las audiencias, no es una formalidad con el menor, no es una tarea fácil y lleva tiempo y no hay recursos humanos para que todos los expedientes que están en los juzgados de familias vayan al Centro Público de Mediación”.

Además consideró que se están derivando las cuestiones inmediatas a estos centros de mediación “es un porcentaje mensual que va a tener que determinar el STJ para no colapsar y requerir que ponga en marcha los casos en que los actores no hayan solicitado el beneficio de litigar sin gasto, queremos que el STJ la ponga en funcionamiento, el centro público por ser gratuito, va a tener una derivación porcentual importante”.
Fuente: Norte