El presidente del Consejo Profesional de Abogados de Resistencia, José Sánchez, alertó que el proyecto de ley de la diputada Amelia Clide Monzón “ataca la colegiación legal de todas las profesiones” y que se funda “en supuestas argumentaciones constitucionales con una técnica legislativa que deja mucho que desear”. Al señalar sus falencias, el abogado sostuvo que el proyecto tiene artículos que “tratan de disminuir el costo de la matrícula e impiden la percepción de créditos por el sostenimiento de la matrícula”. En ese sentido señaló que suelen haber pagos iniciales y después se abonan cuotas de mantenimiento.
En tanto este proyecto de ley, en su artículo primero, “establece un límite para el cobro de la matrícula y también la imposibilidad de percepción de su sostenimiento”.

Primer paso

Sánchez sostiene que “es el primer paso que avanza contra los colegios públicos y, sobre todo, contra esa delegación que hace el Estado del control de su matrícula”. “Este sería el primer paso para avanzar contra los colegios públicos y, sobre todo, contra esa delegación que hace el Estado para el control de la matrícula”.
“Este es el primer paso y después, seguramente, con los argumentos que tiene el proyecto irán por la colegiación legal, que sería cambiar el sistema imperante en el Chaco para todas las profesiones desde hace mucho tiempo y que es lo que estamos reclamando los abogados”, añadió a sus argumentos.
Después marcó que la provincia del Chaco “es la única en el país que está en estas condiciones, que no tiene la colegiación”, mientras que Santa Cruz “tiene una particularidad: se están juntando para ver si la ponen en vigencia, con lo cual el Chaco sería la única provincia sin colegiación”.
Cabe recordar que la colegiación estuvo en vigencia durante seis meses y el año pasado fue derogada por la Legislatura. “Este es un proyecto que avanza más allá, porque se mete en la vida interna de las instituciones”, remarcó en su argumentación.
También indicó que la iniciativa de la diputada Monzón “establece limitaciones a la percepción de la matrícula sin hacer distinción; por ejemplo, si la persona viene de afuera o es su primera matriculación. En el Superior Tribunal de Justicia se paga la matricula que cuesta $ 150 y después no se paga más”.
Según dijo esto da lugar a que “vengan los grandes estudios de otras provincias, de que lleven los grandes honorarios, pero no pagaron nunca la inscripción; mientras los abogados -que acá abonamos nuestros impuestos- la vemos pasar. En las otras profesiones los que vienen de otras provincias pagan el doble o el triple, con lo que necesariamente deben contratar a un profesional local que les haga el trabajo”.
“Esa es la defensa de los intereses profesionales, que nosotros no podemos porque no tenemos la colegiación”, añadió y sostuvo que este proyecto “implica un avance contra los colegios públicos, que va a tener una movida muy grande en contra”.
En ese sentido dijo que varias entidades pidieron entrevistarse con la impulsora del proyecto, otros legisladores y también anticiparon que gestionarán una audiencia con el gobernador para transmitir la preocupación.
El dirigente dijo que también “a veces se hacen cosas sin pensar. ¿Cuál es la finalidad de esto? Porque modificar la forma de vida interna de los gremios sin consultar a los gremios es porque no se piensa”.

Fuente: Norte