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Cuarto intermedio para la audiencia de conciliación entre Secheep, Infraestructura y la Defensoría del Pueblo
La audiencia de conciliación entre Secheep y el Ministerio de Infraestructura con la Defensoría del Pueblo de la provincia pasó a cuarto intermedio hasta el próximo 5 de junio, a las 17, según lo dispuesto por la Justicia. El tema es la metodología de la readecuación tarifaria implementada por el Poder Ejecutivo en el último mes.

Jueves, 30 de mayo de 2013
La reunión fue encabezada por la juez Civil y Comercial N° 1 de Resistencia, Eloisa Araceli Barreto. La empresa energética estuvo representada por el presidente del Directorio, Marcos Verbeek; el vocal del Directorio, César Cotichelli; la asesora legal, Rosana Klein; y los asesores técnicos Alberto Furiase y Guillermo Barral; por el lado del Ministerio de Infraestructura asistió el representante del Estado provincial, Mario Daniel Fernández. Por el lado de la parte actora, Defensoría del Pueblo, asistieron el ombudsman, Gustavo Corregido y el asesor Mauro Chazarreta.
El motivo de la conciliación fue la presentación de la Defensoría del Pueblo que buscó suspender los efectos de la Resolución N° 297 del Ministerio de Infraestructura que determinó la implementación de un costo por mantenimiento en la tarifa de Secheep.
Durante la reunión, desde la empresa energética dejaron en claro que el denominado costo por mantenimiento es necesario para sostener las inversiones en infraestructura energética realizadas hasta el momento en toda la provincia. Además, resulta indispensable y necesaria para la adquisición de insumos, elementos y materiales que permitan mantener el servicio para los usuarios. Por el lado de la Defensoría del Pueblo, se recomendó la realización de una audiencia pública para dicha implementación.
Ante ello, luego de una hora y media de diálogo, la jueza Eloisa Barreto resolvió: pasar a un cuarto intermedio para el próximo 5 de junio a las 17 horas; suspender los plazos procesales hasta la producción de la nueva audiencia; y convocar a un representante legal del Poder Ejecutivo con suficientes facultades para conciliar.