En el marco de los fundamentos con que el Gobierno se dirigió al Cuerpo legislativo, sostiene que el instrumento de ley aprobado resulta violatorio de la Constitución Nacional, de la Constitución Provincial y de los Tratados internacionales vigentes en todo el territorio de la República Argentina y de las normas reglamentarias de orden nacional. Agregando que del análisis de la citada Ley, surge que la misma regula fundamentalmente dos materias que está por fuera de la competencia natural de la Legislatura, como el comercio y el trabajo.

Ahora, la Cámara de Diputados deberá aceptar o rechazar el veto total; pero, para que la norma quede vigente, deberá ser ratificada por al menos dos tercios de los legisladores.