El ministro de Justicia, Julio Alak, afirmó hoy que "hay que terminar con el negocio de las cautelares" al exponer en el Senado sobre el proyecto de ley que regula esas medidas. Consideró que las críticas están vinculadas a que "algunos quieren tener un Estado indefenso pero no ante el individuo si no ante las corporaciones".

Ante un plenario de comisiones de Justicia, Asuntos Constitucionales y Legislación General del Senado, el ministro dijo que le resultaba "sorprendente" que algunos sectores de la oposición rechacen el proyecto, y advirtió que la Nación estaba "atrasada" respecto a otras provincias y a otros países que tienen normas similares respecto a las cautelares.

Explicó que “esa regulación vinculada a los procedimientos judiciales contra el Estado no es un deber nuevo, porque ya la han hecho todas las provincias argentinas y la ciudad de Buenos Aires a través de los respectivos códigos de procedimiento contencioso administrativo”.

“Los intentos más firmes y serios para una regulación de tal naturaleza fueron hechos oportunamente por los ex presidentes Juan Perón y Raúl Alfonsín, y ninguno de ellos pudo lograrlo por la inmensa presión del interés corporativo”, destacó el funcionario.

Además, Alak señaló que “los grupos económicos hacen lo imposible para que las normas de derecho público no sean actualizadas, porque prefieren un Estado bobo e incapaz de defenderse”.

“Argentina no tiene un código contencioso administrativo federal por las presiones corporativas y académicas, que se oponen a cualquier tipo de regulación procesal para usar las medidas cautelares y paralizar la gestión de los gobiernos democráticos, la aplicación de leyes y normas de la Nación y obtener grandes beneficios económicos a expensas de un Estado indefenso”, agregó.

El funcionario desmintió en forma terminante que la iniciativa propuesta pueda afectar los derechos que asisten a los ciudadanos, y, en ese orden, apuntó que “la regulación de las medidas cautelares no es en beneficio del Estado, sino que pretende restablecer el equilibrio entre el interés particular y el bien común”.

Alak dijo que “el proyecto del Ejecutivo recoge la opinión de la propia Corte Suprema, que ha dicho que las medidas cautelares tienen que tener un plazo razonable, porque la legalidad no se resuelve con esa norma accesoria, sino con la sentencia definitiva”.

Por último, el ministro sostuvo que la aprobación de la ley servirá para terminar con “un atraso de décadas que en esta materia tiene la Argentina respecto de otros países y hasta con las mismas provincias que integran el país”.

Álvarez, en tanto, precisó que, tras la aprobación del proyecto, “al otorgar la medida cautelar el juez deberá fijar un límite razonable de vigencia, que no podrá ser mayor a los seis meses en los procesos ordinarios o de tres meses en los procesos sumarísimos”.

“Queremos ponerle luz a un sistema judicial opaco”, enfatizó el secretario de Justicia, y recordó que esa “opacidad permitió que, desde el 7 de diciembre de 2009 hasta hoy, siga vigente una medida cautelar que beneficia al grupo Clarín y limita la voluntad popular expresada en una ley votada por amplia mayoría”.

Álvarez indicó que “la provincia de Santa Fe sancionó una ley similar en 1991 que no fue objetada por tres administraciones de distinto signo político, y que es incluso más estricta que este proyecto del Gobierno nacional, porque establece un plazo máximo de duración de la medida cautelar de 90 días y no de 180 días".