En el relato de los hechos, testimonios e imágenes registraron cómo con el objetivo de ingresar en el recinto donde el ministro de Educación Sergio Soto exponía un informe, los manifestantes de Federación Sitech y de las agrupaciones CUBA, CCC y MIJD empujaron el vallado que rodeaba el acceso por Brown 520 hasta derribarlo. Luego forzaron la puerta principal de ingreso a la Cámara de Diputados, donde una fila de escudos de Infantería los contuvo.
En un intento por mediar en la situación el subsecretario de Seguridad Pública Mauro Flores dialogó brevemente con el dirigente docente Eduardo Mijno, que pedía acceso a la mitad del sitio asignado al público, sin embargo escarceos y agresiones prosiguieron.
Los policías resistieron el ataque con gas pimienta y lacrimógeno y en las filas docentes se denunciaron descomposturas y un par de desmayos.
A pedradas, los integrantes de la protesta insistieron en su intento por avanzar y con trozos de baldosas, cascotes de gran tamaño y palos lastimaron a siete uniformados, de los cuales cuatro fueron internados en terapia intensiva e intermedia en el Sanatorio Galeno. En la denuncia presentada horas más tarde a la Justicia se identificaron a las víctimas: son el cabo Luis Gil, los agentes Cristian Rodas y Leonardo Diez de los Ríos y el comisario principal Gerardo Casañas.
También trascendió que algunos periodistas y camarógrafos que registraban los hechos también tuvieron lesiones leves y sufrieron los efectos de los gases.

Ante la Justicia

Por la tarde el subsecretario Flores y el asesor legal de la Policía del Chaco, Ricardo Urturi, acudieron a la Fiscalía Nº 1 para formalizar la denuncia penal contra los principales instigadores y consultados por NORTE, negaron que haya detenidos.
“En cumplimiento del artículo 315, inciso 1, del Código Penal y en conocimiento como tal de un delito radicamos una denuncia penal contra personas que participaron de hechos delictivos en inmediaciones de la Cámara de Diputados y en el recinto mismo de la Legislatura provincial”, expuso el funcionario de la cartera de gobierno. La presentación registrada en el expediente Nº 14.086/13 ante la Mesa General de Entradas Informatizada del Fuero Penal incumbe a la fiscalía en turno que ayer recayó en la Nº 1, a cargo de Alfredo Soucasse.
El texto sostiene que varios testimonios y videos permitieron identificar y constatar que de los hechos violentos participaron los docentes Eduardo Mijno, Damián Kuris, Rosa Quiroz de Sánchez, Alejandro Bustos y Juan Carlos López y los integrantes de movimientos sociales Viviana Toro, Aldo García, Walter Obes, Abel Galeano, Amílcar Soto, Rubén Altamiranda, Nadia González Toro y Sergio González Toro. “Ahora el fiscal podrá establecer si hubo responsabilidades, esperemos que se llegue hasta las últimas consecuencias y para que quienes delinquen tengan la sanción que les cabe”, añadió Flores.
Posición irracional
“Los hechos tuvieron una violencia inusitada, estimamos que estas personas no pueden ser representantes de la docencia, no pueden estar al frente de las aulas generando ese tipo de hechos de zozobra que no llevan más que pánico a la sociedad en su conjunto”, consideró Flores. “Sabemos que la mayoría eran integrantes de movimientos sociales como Cuba, CCC, MIJD y otros movimientos que claramente están en una postura de oposición irracional contra el gobierno provincial”.
El funcionario agregó que de los 14 sindicatos docentes provinciales sólo uno no dialoga y mantiene una posición “totalmente intransigente, genera hechos delictivos, cortes de ruta o atentados contra funcionarios”.
Y del diputado Carlos Martínez lamentó haber observado “actitudes deplorables” porque arengaba a cometer hechos violentos. “No es la primera vez que lo hace, lo hizo en la ruta nacional 16 cerca de Machagai. Estos legisladores electos por el voto popular llevan grupos de violentos para generar zozobra”, acusó.
Más adelante aseguró contar con videos e imágenes donde se constata cómo algunos arrojaban elementos contundentes. “Hablamos de piedras de gran tamaño que rompieron cascos de algunos policías”, precisó. “Creemos que vamos a poder aportar pruebas suficientes para que la valoración del fiscal en principio y luego el juez que entienda en la causa pueda seguir su curso y aquellos quienes hayan delinquido o hayan dañado a otros ciudadanos tengan la pena que les cabe”.


Fuente:Norte