“Este mandato judicial está consagrado y no voy a ponerme en el papel de hacer un análisis más allá de lo que dice la sentencia, que nos habilita a proceder en consecuencia, vamos a abrir las escuelas que estén cerradas por los medios que la ley nos proporciona”, ratificó el ministro.

Incluso estarían dispuestos, en el caso de que los docentes se nieguen, a nombrar a docentes sustitutos para que se cumpla con el dictado, una medida polémica pero posible tomando en cuenta que ya hay una decisión política. “No se va a echar a nadie, pero el docente que no trabaja no cobrará y con ese ahorro se va a pagar el salario del docente designado”, aclaró Soto.

Soto sostuvo que la cartera a su cargo recibió la correspondiente instrucción del gobernador Jorge Capitanich, “quien por medio del memorándum número 2 de este año nos ordena cumplir con la decisión judicial a través de las medidas que tengamos a nuestro alcance de acuerdo con lo establecido por la ley vigente”.
“El Gobierno de la provincia debe cumplir la medida judicial que dispone garantizar un mecanismo para la reanudación de las clases en los establecimientos educativos donde no se estén dictando clases, que felizmente son muy pocos”, remarcó Soto sobre una cautelar que presentaron un grupo de padres.
“El propio juez interviniente ha ordenado dictar clases en todo el territorio provincial con una medida cautelar que tiene como objetivo el interés supremo del niño y el interés supremo de los habitantes de la provincia a efectos de que se garantice el dictado regular de clases”, definió.
“Reunidos los requisitos de daño jurídico irreparable para dictar la presente medida cautelar, corresponde disponer y ordenar que en el plazo de 10 días a partir de dictada esta resolución sean adoptadas las medidas necesarias para garantizar el dictado regular de clases en forma provisoria y hasta tanto se dicte sentencia definitiva”, definió.
Exhorta al Estado provincial a “superar todo obstáculo que atente o impida el dictado regular de clases en el territorio provincial, por lo que faculta al Ejecutivo a tomar las medidas que considere necesarias para el cumplimiento del servicio educativo que, por innegable contenido jurisdiccional, escapan a la judicatura”.

“Vamos a abrir las escuelas”

El ministro Soto estuvo acompañado por los subsecretarios de Educación, Daniel Farías; de Infraestructura Escolar, Gabriel Lemos; de Políticas Socioeducativas, Marcela Acquisgrana; de Interculturalidad y Plurilingüismo, Elizabeth Guadalupe Mendoza y de Gestión Administrativa, Financiera y Recursos Humanos, Martín Merniez, durante la conferencia de prensa realizada en Casa de Gobierno.
Allí informó que el 21 de marzo el juez de Trabajo de Presidencia Roque Sáenz Peña, Héctor Hugo Osiska, emitió la sentencia interlocutoria Nº 22/13, dictada en los autos caratulados “Canteros Elba Antonia y Otros contra Federación Sitech y otra sobre acción de amparo” expediente 101/13, a raíz de una acción de amparo presentada por la mencionada, madre de una alumna de la Escuela de Educación Primaria (EEP) N˚ 369 de esa localidad y dos señoras más que tienen sus hijos en ese establecimiento.
En función de ello, el ministro de Educación aseveró que “esta medida tiene como objetivo el interés supremo del niño y de los habitantes del Chaco a los efectos de que se garantice el dictado regular de clases. Por tal motivo desde hoy mismo nosotros nos ocuparemos de hacer cumplir esta medida cautelar y de la manera que consideremos más adecuada, teniendo en cuenta de que esto no signifique el menoscabo de ningún derecho”.


Fuente:Norte