El proyecto de ley dispone como requisito de “admisibilidad y permanencia en los niveles políticos o jerárquicos de la administración pública carecer de adicciones a sustancias no permitidas” explican.

“Los funcionarios electos o designados cuyos análisis dieran positivo no serán cesanteados sino que serán separados del cargo en el marco del régimen de licencias vigentes por enfermedades de larga duración, para que inicien el tratamiento correspondiente”, determinaron.

“La drogadicción y su peligrosa proliferación a todos los sectores de la sociedad, hace que debamos combatirla contundentemente y para ello, los funcionarios públicos tenemos que dar el ejemplo con nuestra conducta libre de actitudes contrarias a la ley. Estas son cuestiones morales básicas, salvo, que entendamos que los funcionarios trabajan mejor si están drogados” aseguraron.

Establece además que “en caso de que se detectare a un funcionario en violación del requisito establecido, el mismo será suspendido en sus funciones mediante sumario médico previo, disponiéndose su tratamiento médico por la vía más conveniente, respetándose todas las garantías constitucionales hasta su recuperación y considerándose dentro del régimen de licencias vigente”.

También determina que todo lo actuado se guardará estricta reserva, bajo sanción aplicable a quien divulgue los datos o información referido al tema y se propone que el Poder Ejecutivo reglamentará la presente en el lapso de 60 días.

La norma solo alcanzará a los funcionarios del Poder Ejecutivo pese a que muchos sectores sociales reclaman desde hace varios años que se practique los mismos exámenes a funcionarios de todos los poderes del Estado.


Fuente:Norte