El Poder Ejecutivo hizo este planteo a través de la Dirección Provincial de Defensa de la Democracia y el Ciudadano, dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad, a cargo del doctor Julio Cesar García, en el marco del Caso Nº 11.804-Juan Angel Greco - del registro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) y los compromisos asumidos por la República Argentina.

Según se precisó el pedido se fundamenta en la morosidad del Poder Judicial, en particular del Superior Tribunal de Justicia y el Procurador General, y apunta a que, de manera urgente, se tomen los recaudos de instrumentación de las funciones de Fiscal en lo Penal Especial en Derechos Humanos, conforme lo establece la Ley Nº 6786/11 para que el mismo no siga actuando como simple querellante sino como Fiscal de Investigaciones en materia de Derechos Humanos y que se proceda a designar al nuevo fiscal Adjunto en lo penal especial en derechos humanos con sede en la Localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña.