Administración Tributaria Provincial
Impuesto Inmobiliario Rural: crecimiento de 5 a 71 millones de pesos en la recaudación
Según un informe de la Administración Tributaria Provincial, dirigida por el contador Ricardo Pereyra, la provincia del Chaco transformó en dos años los mecanismos redistributivos y de recaudación del impuesto inmobiliario rural. “Por primera vez, la Administración Tributaria Provincial logró cobrar deudas históricas de los grandes propietarios rurales de la provincia.

Domingo, 27 de enero de 2013
Entre 2011 y 2012, se cobraron deudas de años no prescriptos, en un 54% por lo cual este gobierno logró un avance histórico que permite a la Administración contar con impuestos devengados para 2012 por más de 96 millones de pesos, gracias a la gestión y decisión política del gobernador Capitanich”, indicó Pereyra. En 2012 se realizaron acciones para cobrar 42.999.500 pesos, lo cual favoreció el incremento de la recaudación.
“Este impuesto a la tierra, y a las grandes extensiones en especial, no afecta a los pequeños productores del Chaco, que si bien son mayoría, tienen un tratamiento acorde a su capacidad contributiva. De los aproximadamente 29.000 propietarios rurales, 27.500 tienen menos de 1.000 hectáreas y no han afrontado ningún tipo de incremento. El trabajo de la Administración Tributaria Provincial se centró en propietarios de más de 1.000 hectáreas que son más de 1.500 contribuyentes que hasta hace dos años pagaban de manera irregular este tributo”, informó ATP.
“Con esta política impulsada por el gobernador Capitanich se elevó la capacidad contributiva de 5 millones a casi 30 millones y se espera recaudar para 2013 más 71 millones”, anticipó el contador Pereyra. “Estos $71.036.691 proyectados permitirán fortalecer otras acciones de gobierno, siguiendo el principio de equidad y tras una intervención armónica en la economía y específicamente en la política tributaria. El impuesto inmobiliario rural ha sido históricamente territorio de disputas entre las fracciones del capital. Cabe recordar las polémicas alimentadas por sectores ruralistas, sobre todo de la pampa húmeda defendiendo el sostenimiento de un status quo que les permitió el uso de la tierra y su explotación, con un pago mínimo e insostenible si se considera su capacidad contributiva y las ganancias obtenidas en la explotación agrícola - ganadera”.
Fuente: Diario Norte