El jefe de Gabinete dispuso una reingeniería para pagar a jueces, universidades y programas de asistencia. El 2012 acumula un superávit de $955 millones y cuentas a pagar por $21.178 M
Viernes, 28 de diciembre de 2012
La norma publicada en el Boletín Oficial fundamenta la reasignación de partidas en las necesidades de autorizar fondos adicionales a los aprobados en el Presupuesto 2012 para poder pagar haberes del Consejo de la Magistratura y de la Procuración Judicial de la Nación por $526 millones.
Se cubren con recursos disponibles en la caja de esas instituciones.
El mayor monto de la revisión presupuestaria favoreció al Ministerio del Interior y Transporte por $327 millones "con el objeto de afrontar los gastos relativos a la adquisición de insumos para la producción de DNI y pasaportes, el subsidio a empresas petroleras por la provisión de combustible a precio diferencial y las transferencias a Aerolíneas Argentinas", en este caso $29 millones.
El principal afectado fue el Ministerio de Industria, ya que debió resignar más de $142 millones que estaban destinados para el Programa de Fomento de las PyME.
También se "adecuó" en $620,6 millones las partidas para el Ministerio de Planificación "a los fines de hacer frente a gastos relacionados con el subsidio al precio de la garrafa social, la ampliación de la red de gas natural y a la atención de gastos operativos".
Además se fortaleció en $500 millones el presupuesto de Educación "a los efectos de adecuar el gasto de las Universidades Nacionales e incrementar el Presupuesto del Ministerio de Ciencia y Técnica".
Otro ajuste relevante favoreció al Tesoro con $130 millones para financiar programas de ejecución de la Fábrica Argentina de Aviones General San Martín.
Severa subejecución de los gastos
A lo largo del año se elevó el Presupuesto 2012 aprobado por el Congreso en noviembre de 2012 en 16,5%, equivalente a más de $83.000 millones.
Es decir que las partidas iniciales autorizadas finalmente permitieron cubrir las erogaciones efectivas de 10 de los 12 meses.
Aun así, las dificultades para mantener el ritmo del año anterior de la recaudación, respecto de lo presupuestado, determinaron que la Administración Central no pudiera gastar todo lo que finalmente lograra que el jefe de Ministros le aprobara adicionalmente.
Acusa una economía transitoria de $35.650 millones que seguramente se efectivizará en los primeros meses de 2013.
Con todo, la ejecución presupuestaria a medio día hábil de cerrar el año exhibe un saldo de caja positivo de 954,7 millones, pero se transforma en un déficit de $20.223 millones si se considera que los ingresos sumaron $484.307 millones y las erogaciones ejecutadas $504.530 millones.
De ahí que el año finaliza con un desequilibrio real equivalente a casi 3% del PBI, al cual se agregaría otro tanto del conjunto de las administraciones provinciales y municipales.