Asimismo se pide que convoque a una audiencia pública a los fines de dar participación a todos los sectores involucrados y especialmente a los usuarios del servicio, que permita evaluar el aumento de la tarifa y de esta manera “transparentar el procedimiento administrativo que llevó al dictado de la resolución”.

La posición

El defensor Gustavo Corregido, en la recomendación sostiene que el transporte público de pasajeros -tanto urbano como interurbano- constituye un servicio esencial para la comunidad, preponderantemente para los sectores medios y bajos.
También da cuenta de que presentaron ante la Defensoría más de 20.000 firmas de usuarios que manifestaron su disconformidad con el aumento del boleto, por considerar que el mismo afecta la economía de las familias chaqueñas.
Más allá de esto, el ombudsman en los considerandos del expediente elevado al gobierno asegura que “de la resolución por la que se autoriza el aumento, no surge que se hubiera efectuado un estudio de costos -fijos y variables- que permita un análisis serio respecto a la necesidad de tal incremento. No se evaluaron los ingresos que tienen las empresas por corte de boleto y los diversos subsidios que perciben de la Nación”.
También explica que en el informe que remitió la Subsecretaría de Transporte de la Provincia se pone en conocimiento que de los subsidios que llegan al Chaco solo dos de ellos (compensación de gasoil y ajuste salarial) vienen detallados y el resto es de libre disponibilidad de las beneficiarias.

Audiencia pública

Por otra parte recordó que “las audiencias públicas son el medio más democrático, amplio y transparente que permite una masiva participación de todos los sectores involucrados. En el caso del servicio de transporte interurbano resultaría no solo un medio que permita transparentar el procedimiento, sino también evaluar la calidad en la prestación del servicio”.
Corregido expresó que “las firmas que obran en la Defensoría demuestra la falta de consenso en la decisión tomada por la Subsecretaría de Transporte a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos”. Al tiempo que puso de manifiesto que las empresas no cumplen con la ley 22341 que en su artículo 22 dispone que desde el año 1997 debieron ir incorporando en forma progresiva vehículos adaptados para personas con discapacidad “debiendo desde el año 2002 en adelante cubrir el 100 % de la flota con los mencionados coches”.




Fuente: Diario Norte