El texto original de la ley que había sido aprobada por unanimidad la Cámara de Diputados y que fue modificado por parte el Senado introduce cambios que refieren a la conformación de autoridad de aplicación. Se robusteció la representación parlamentaria y se sumó la presencia de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Valenzuela destacó que la sanción de la norma ocupó gran parte de la agenda del XVI Consejo Federal de Derechos Humanos de reciente sesión en Misiones donde funcionarios de derechos humanos de todo el país celebraron la aprobación de esta ley.

El funcionario mencionó que en la provincia la ley tiene su correlato con el funcionamiento de la Comisión que investiga este tipo de hechos. Tenemos reuniones semanales donde están representados los distintos poderes del Estado y miembros de la sociedad civil.

La iniciativa busca establecer mecanismos de regulación y control de la actividad en todos los establecimientos donde se encuentren personas privadas de la libertad, estén bajo jurisdicción nacional, provincial o local. El monitoreo estará a cargo de un comité nacional para la prevención de la tortura, que podrá actuar en todos los distritos y realizar inspecciones regulares o extraordinarias, con o sin previo aviso, a cualquier establecimiento de detención.

El Chaco es la primera provincia del país y segunda en América Latina en aplicar la legislación sancionada con su modificación en el Senado de la Nación.