La Cámara Baja aprobó y giró al Senado un proyecto que propone “establecer un régimen reparatorio para expresos políticos, que durante el período del 24 de marzo de 1976 al 10 de diciembre de 1983, hayan sido privados de su libertad en condición de civiles o militares, condenados por un Consejo de Guerra, puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, o privados de su libertad”.

La iniciativa impulsada por los diputados José Mongeló (Chaco) y Juan Carlos Roig (Formosa) se refiere a las situaciones generadas por el accionar de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o de cualquier otro grupo, por causas políticas, gremiales o estudiantiles.

Entre los fundamentos los legisladores expusieron que “la pensión graciable sería de carácter independiente de cualquier otra reparación, sin perjuicio de la indemnización que a cualquier persona afectada le correspondiera, por daño moral, físico o psicológico a consecuencia de la tortura institucionalizada y la reclusión prolongada y vejatoria a la que haya sido sometida”.

Asimismo, “no serían comprendidas las personas que resultasen beneficiarias de una prestación nacional, provincial o municipal de la misma naturaleza y emanadas de las mismas situaciones, quedando a su criterio el derecho de poder optar por una u otra pensión”.



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