"Le voy a pedir al señor gobernador que vete la ley. Esto va a producir menos trabajo y no va a generar una sola vivienda social. Destruir la propiedad privada no es el camino”, declaró Francisco De Narvaéz esta mañana en Radio 10.

Sin embargo, al mismo tiempo el jefe de Gabinete Alberto Pérez confirmaba su promulgación en diálogo con Radio Continental. Aunque aclaró: "Se aplicará una reglamentación muy estricta para evitar que se viole la propiedad privada".

"Al espíritu de crear tierras sociales se le tiene que sumar el de cuidar la propiedad privada y los derechos adquiridos", aseguró Pérez.

De Narváez dijo que la norma es inconstitucional y adelantó que irá a la Justicia para pedir una declaración de invalidez. “Esta ley muestra la punta del iceberg que asoma detrás de la forma que tiene el kirchnerismo de ver la sociedad; ellos entienden que la propiedad privada es un mal”, sintetizó.

La norma dispone una cláusula para que los grandes emprendimientos inmobiliarios –clubes de campo, barrios cerrados y cementerios privados– que se desarrollen en la provincia estén obligados a ceder el 10 por ciento de las tierras o abonar una "compensación monetaria" para la construcción de "viviendas sociales".

Establece, además, una imposición de hasta el 33% para cualquier vivienda o terreno cuyos valores aumenten a raíz de obras o cambios de zonificación. También prevé un aumento adicional del 50% del Impuesto Inmobiliario Urbano a Baldíos para financiar planes habitacionales.

La discusión de este proyecto estuvo atravesada por fuertes divergencias en cuanto a los alcances de sus consecuencias, en las que incluso se planteó que violaba la propiedad privada.

En tanto, el empresario y presidente de Nordelta, Eduardo Constantini, consideró que "es demasiada la cesión" y que a su criterio "hay una doble imposición". Según explicó en Radio Mitre, Nordelta ya está encuadrado desde hace 14 años en un programa de cesión, enmarcado en la ley 9412, en la que se dan terrenos para un fin no tan específico como las viviendas sociales. “Pueden ser obras de infraestructura, hospitales o escuelas”, añadió.

Entre otras consideraciones, dijo que está de acuerdo con la finalidad de la ley, aunque dijo que su aplicación es poco eficaz, porque estipula un aumento en el impuesto inmobiliario únicamente sobre los terrenos y no sobre las casas que ya están construidas. “Me parecía mucho mejor dar un aumento menor pero aplicado a todos”.





Fuente: Infobae