El trámite terminó favoreciendo al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Aguilar, que consiguió que el cuerpo rechace el fallo del juez de Garantías, Carlos Emiliano Alvarenga. Alvarenga dictaminó, en un recurso de amparo, a favor de un planteo de inconstitucionalidad presentado por acreedores de la extextil Abraham, que pretenden que siga su curso el proceso de quiebra.

El debate comenzó cuando el presidente del bloque, Ricardo Sánchez, propuso una estrategia diferente para conseguir un nuevo edificio y recuperar los 12 millones de pesos que ya pagó la Legislatura para quedarse con el predio, en otras palabras buscaba que la Cámara retrocediera en su decisión para terminar con la puja judicial que le costó tres fallos adversos y casi con seguridad se definirá en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El planteó de Sánchez fue revertido rápidamente por los legisladores más cercanos a Aguilar, entre ellos la vicepresidenta
María Lidia Cáceres, y terminó siendo un tiro por la culata porque la Cámara, en vez de seguir su consejo, “rechazó el
fallo por considerar que el mismo avanza sobre atribuciones del Poder Legislativo excediendo la facultad de control constitucional”.

Además encomendaron al presidente de la Cámara de Diputados la continuidad de las acciones judiciales que
correspondan a los efectos del cumpliendo de las leyes 6.979 y 6.980 sancionadas para expropiar la textil y cambiarle el
destino de un predio ubicado en la avenida Sarmiento, comprado durante la gestión de Alicia Mastandrea para construir el edificio legislativo.

La resolución no es más que un pronunciamiento político del cuerpo legislativo contra el fallo pero para el círculo de Aguilar es un triunfo más dentro de la Cámara y fue festejado como tal, sin analizar que hasta el momento el edificio sigue sin
construirse.

Pero la votación también dejó evidenciado un fuerte conflicto en el bloque peronista que en varias oportunidades ya mostró las diferencias, sobre todo entre Ricardo Sánchez y el presidente de la Cámara, dos protagonistas de esta contienda interna.

El debate

Sánchez planteó: “Si queremos tener un edifico nuevo el camino es sentarnos entre todos los bloques y ver de qué manera avanzamos. Porque tenemos 12 millones de pesos que están depositados y es el tercer fallo en contra que tenemos”.

Si bien la diputada radical Irene Dumrauf fue la que arremetió primero, porque el tema no se había acordado en labor
parlamentaria, los fundamentos para que el planteo de Sánchez terminar en un proyecto de resolución surgió de Cáceres. La legisladora respondió que “hay un fallo judicial de primera instancia, que no se encuentra firme y hay un plazo para apelar.

Sabemos que esto tiene un andamiaje jurídico y considero que la Legislatura tiene que decidir que pasos va a tomar”.
“Yo propongo que el cuerpo respalde la decisión de apelar un fallo cuyos fundamentos no comparto. Tenemos que continuar defendiendo lo que definió esta Legislatura, es decir la expropiación”, mencionó. Luego la mayoría de los diputados se inclinó por pedir un cuarto intermedio para avanzar en la redacción de esta resolución que consiguió 24 votos positivos, las abstenciones de Jorge Varisco, Ricardo Sánchez, Carlos Martínez, Beatriz Vásquez, Clide Monzón y Martín Nievas, mientras que el diputado del Ne-Par, Juan José Bergia prefirió que la iniciativa quede en cartera.

En tanto, los diputados del NEA votaron en general la resolución aunque en contra del segundo artículo que expresaba el rechazo. A diferencia del resto de los radicales, los diputados Sergio Vallejos y Hugo Domínguez, se pronunciaron en
contra del artículo segundo por considerar que el mismo cuestionaba en exceso al juez defendiendo el criterio de la oposición de respetar al Poder Judicial.



Fuente: diario Norte