El impulsor de las acciones de inconstitucionalidad contra los jueces del Superior Tribunal de Justicia Ramón Ávalos, Ricardo Franco y Rolando Toledo “además proponía la UCR que todos los jueces debían revalidar sus cargos cada diez años, es decir debían volver a concursar periódicamente, lo mismo que en las Universidades Nacionales”.
“Propiciamos la periodicidad de los miembros del Superior Tribunal a los fines de permitir la renovación y la sana competencia concursal”, decía la UCR, criterio que casi en su totalidad fue aceptado por el Partido Justicialista, y por Acción Chaqueña pero “no se adoptó el concurso cada diez años, porque colisionaba con el derecho de garantía de inamovilidad de los jueces mientras dure su buena conducta”.
La Convención Constituyente no estaba habilitada por la ley Nº 3952 de necesidad de la reforma para modificar la inamovilidad de los jueces.

Posición unánime
Aguirre Hayes también recordó que “por unanimidad de los treinta y dos convencionales constituyentes, sin disidencia alguna, se adoptó el sistema de selección por concurso público de antecedentes y oposición, para el ingreso, ascenso y traslado de todos los magistrados y funcionarios del Poder Judicial del Chaco”. Después señaló que en diciembre del año 1997 “el gobernador Ángel Rozas, los miembros del Consejo de la Magistratura, y del Superior Tribunal de Justicia, violaron la Constitución, designando sin concurso previo al doctor Ramón Rubén Ávalos, como juez del Superior Tribunal de Justicia”.
Esto se repitió en marzo de 1998, “nuevamente violaron la Constitución designando sin concurso previo al doctor Ricardo Fernando Franco como juez del STJ” y en el año 2006 “designaron al doctor Rolando Ignacio Toledo, sin concurso previo”. El fiscal ad hoc destacó que “en su momento denunciaron la inconstitucionalidad y exigieron la selección por concursos previo: a) Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial; b) Consejo de Abogados de Resistencia; c) Colegio de Abogados de Resistencia; d) Sindicato de Empleados Judiciales del Chaco; e) Partido Justicialista; f) Foro de Intendentes Justicialistas; g) Coordinadora de Gremios Estatales, entre otras entidades y organizaciones”.
“Todos los sectores de la vida judicial y política de la provincia fueron unánimes en su reivindicación de la Constitución y en el reclamo de los concursos previos y públicos de antecedentes y oposición. Paradójicamente, la UCR, impulsora de los concursos en la Constituyente de 1994, se olvidó de defenderlos”, anotó
Por ello aseguró que “no existe una sola palabra en las actas de la Convención Constituyente que diga que los aspirantes a jueces del STJ no deben concursar, que están eximidos del concurso previo de antecedentes y oposición, todo lo contrario”.



Fuente: Diario Norte