El fiscal Turraca firmó este martes 11 de octubre el requerimiento de elevación a juicio y mantuvo la imputación por el delito de “homicidio preterintencional” –que había dictado Luciano Santos, su secretario, mientras se desempeñaba como fiscal provisorio-. Fue luego de que los agentes policiales Esteban Francisco Campos, Gastón Iván Delfino y Armando Diego Barbona se abstuvieran de declarar en la ampliación de indagatoria convocada por el funcionario del Ministerio Público Fiscal.

El homicidio preterintencional es aquel que se comete “sin intención” y prevé penas de reclusión que van de los 3 a los 6 años o prisión de 1 a 3 años.

Barreto falleció luego de ser abordado por los tres funcionarios policiales que lo redujeron en el piso y lo asfixiaron hasta su muerte, de un modo similar al emblemático caso del afroamericano George Floyd que generó el movimiento “Black Lives Matter”. Floyd murió luego de que el policía de Mineápolis Derek Chauvin lo mantuviera reducido por más de 9 minutos en el suelo, también en la vía pública. Por ese hecho, Chauvin fue condenado a 22 años de prisión.


Sin embargo, para los funcionarios de la Fiscalía creada especialmente para investigar los delitos cometidos por las fuerzas de seguridad, los imputados no tuvieron intención de provocar la muerte de Barreto. Ni siquiera se tuvo en cuenta el agravante de que no se trató de una simple pelea en la que una de las personas fallece sino que se trata de funcionarios policiales que tienen a su cargo la protección de la vida de los ciudadanos. En la causa también se denunció que la policía “plantó” cocaína en el departamento de Barreto tratando de justificar su accionar. Nunca fue investigado. De hecho, las pericias toxicológicas derribaron la versión que intentó imponer la policía de que el joven había consumido drogas antes de su muerte.

Desde el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco ya anticiparon que se opondrán a la calificación legal del requerimiento de elevación a juicio y se presume que el mismo camino seguirían las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros y la que representa a la madre del joven asesinado, Analía Ojeda. En ese caso, deberá llevarse a cabo una audiencia de oposición al requerimiento del fiscal Turraca en donde las partes querellantes reclamarán que se agrave la imputación contra los tres agentes policiales.

Como antecedente, vale recordar el del asesinato de Sebastián Ponce de León, que la Fiscalía de Derechos Humanos también calificó como “homicidio preterintencional”, lo que luego fue revocado por el Juzgado de Garantías y recalificado y elevado a juicio como “tortura seguida de muerte”, siendo el primer caso de violencia policial que será juzgado por un jurado popular.