Los subsecretarios de Gobierno, Roberto Lugo; de Asuntos Municipales, Fabián Morán; de Seguridad Pública y Participación Comunitaria, Mauro Flores y de Seguridad Vial, Juan Manuel Chapo acompañaron al intendente de Puerto Vilelas, Marcelo González quien aclaró que los carnet de conducir que poseía Juan Ernesto Cabezas, sindicado como el presunto asesino de Tatiana Kolodziey no fue expedido por el municipio. “Los carnet son apócrifos”, mencionó.

“Desde el 2011 el Municipio entrega los carnets con número de documentos en forma digital” citó el jefe comunal y detalló que el carnet que poseía el detenido, por el número de orden, fue confeccionado hace 10 años, “motivo por lo que descartamos y desacreditamos el trascendido de que fue otorgado a esta persona cuando aún purgaba una condena”

Mencionó además que ambos carnets poseen firmas falsas y que se inicio un sumario e investigación interna, además del pedido para que investigue la justicia provincial.



RESPETAR LAS AUTONOMÍAS MUNICIPALES

Sobre el pedido de intervención municipal realizado por la oposición, González lamentó la petición y aseguró que remite “a tiempos obscuros donde no se consideraba la voluntad popular y se intervenían municipios o provincias”.

“Sería una falta de respeto y no tener en cuenta al 70% del electorado de Puerto Vilelas”, señaló el jefe comunal. “Me parece lamentable que se intente utilizar el dolor de una familia y sociedad para generar protagonismo político” precisó al respecto de las declaraciones del legislador Sergio Vallejos.

El subsecretario de Seguridad se refirió al respecto y aseguró que siente “mucha tristeza” al escuchar a un legislador vulnerar el artículo 11 de la Constitución que apunta a respetar las autonomías municipales. “Lamento sus afirmaciones ya que viola todo tipo de ética política, utilizando un hecho trágico para hacer politiquería” culminó Flores.



INICIATIVA DE REGULACIÓN

Flores recordó que a principios de año, desde el Poder Ejecutivo, se presentó un proyecto de ley para regular la actividad de remises y taxis en la provincia, “el cual no prosperó por diferencias entre los actores”.

Flores aseguró que existe un convenio firmado por municipios del Gran Resistencia durante la gestión del intendente Rafael González en el que se establecía que trabajadores del volante podían prestar servicio previa acreditación de la documentación requerida. Al respecto aclaró que la jurisdicción que debe controlar la actividad que realizan los remises, es donde las unidades prestan el servicio, en este caso puntual el municipio de Resistencia.

Flores además destacó lo expresado por el fiscal federal Patricio Sabadini acerca de que el caso de Tatiana no refiere a una causa de trata de blancas, sí de un hecho delictivo “difícil de prevenir y el cual parte de la desidia del juez de Ejecución Penal, Axel Lopez”.