El Parlamento chaqueño sancionó con la mayoría simple de 16 votos, la ley de autoría del Ejecutivo que establece “los lineamientos para el desarrollo territorial y un hábitat adecuado, afirmando el ordenamiento territorial como política de Estado que orienta la gestión de los gobiernos provincial y municipales y transversal a las políticas públicas sectoriales”.


Desde el oficialismo, destacaron, de la ley de autoría del Poder Ejecutivo, la idea de promover una “gestión democrática de la planificación territorial”.
La diputada del PJ, Gricelda Ojeda, obró de informante del proyecto 2156 y remarcó que fue tratado en la Comisión de Tierras y que obtuvo despacho favorable, para solicitar posteriormente el acompañamiento a sus pares.

Por el interbloque UCR, el jefe del espacio, Carim Peche, adelantó el rechazo del bloque y la permanencia en cartera del proyecto, sin mayores fundamentos.


Por el Frente Integrador, el legislador Darío Bacileff Ivanoff, también adelantó su voto en cartera y el de sus pares de bloque. Reconoció que comparte la visión “de organizar la tierra, de la urbanización de la ciudad”. Pero aseguró que parte del articulado planteado “ya se encuentra normado; si no acompañamos no dejamos de otorgar herramientas”.

Sí planteó su preocupación por “la creación de nuevos impuestos”. “En el articulado, se prevé la creación de un nuevo impuesto que tiene como piso un 10% de la valuación que se establezca y un tope de 35%. No vamos a estar de acuerdo, más que crear nuevos impuestos tenemos que debatir a qué políticas públicas direccionamos lo que hoy ya se recauda. Mucho más grave aún: este proyecto es inconstitucional”, aseveró y dio lectura al art. 119, inciso 8, de la Constitución Provincial. “Esto es de un tinte inconstitucional a todas luces. (…) La Constitución en esta provincia expresamente le prohíbe a esta Legislatura crear nuevos impuestos”.

Livio Gutiérrez, por el radicalismo, coincidió con el diputado preopinante y tras ratificar el voto en cartera sumó que “el artículo 182 de la Constitución que plantea la autonomía de los municipios. Este proyecto dice que los municipios deben adaptarse a esta ley. (…) Esta ley impacta en los municipios y en los derechos privados, y en la generalidad de un esquema de respeto institucional a las autonomías municipales. Pedimos cartera”, afirmó.

Desde el Frente Grande, la diputada Tere Cubells adelantó su acompañamiento en positivo. “Tiene aspectos muy relevantes e implica cambios sustanciales en lo ambiental y suelo urbano. El Estado provincial asume un compromiso concreto en la planificación y administración del suelo urbano”, destacó, aunque también aclaró: “Vemos debilidades en la ley. Es necesaria la información adecuada en la planificación y procesos participativos para no hablar de negocios inmobiliarios. Es un avance y vamos a acompañar la sanción de esta ley en general”, sostuvo y planteó que, en particular, la propuesta sería la de incorporar al artículo 11, relacionado con mecanismos de participación, un texto que manifiesta que la autoridad de aplicación garantizará los mecanismos de consulta directa informada y permanente de la ciudadanía.

Por último, Hugo Sager, adelantó el acompañamiento del interbloque Frente de Todos. Informó que los dictámenes en a Comisi´nde Tierras se direccionaron a incorporar modificaciones a la letra original. “Vamos a votar la definición del ordenamiento territorial para nuestra provincia. Es una función pública indelegable”, sostuvo.

Dio lectura a parte de su articulado y defendió la política de propiciar un “ambiente sostenible y socialmente justo”. “En esta Legislatura hemos discutido muchos proyectos que buscan resolver el acceso a la tierra. Cada vez, las ciudades disponen de menor cantidad porque el crecimiento no fue de la mano de un programa de desarrollo habitacional”. “Esta ley va a dar un marco general y a garantizar el derecho al hábitat”, sostuvo y también destacó la impronta del arraigo y la idea de una “gestión democrática de la planificación territorial”.

Detalles de la ley

La iniciativa propone crear y regular el régimen jurídico del ordenamiento territorial, establece los objetivos, principios, instrumentos y mecanismos de la política territorial y determina el marco general para la regulación del uso y gestión del suelo.

Promueve un hábitat adecuado y un uso del suelo socialmente justo, ambientalmente sostenible y económicamente equitativo. Contribuir al equilibrio territorial de las diferentes regiones y municipios, armonizando el proceso de urbanización con el territorio y sus recursos, como parte de la identidad cultural, ambiental y paisajística. Garantizar a todos los habitantes un hábitat adecuado, con seguridad jurídica en la tenencia de la vivienda, en condiciones de habitabilidad, asequibilidad, espacio suficiente para el desarrollo de las capacidades humanas y considerando su localización en entornos que aseguren el acceso a las infraestructuras básicas, equipamientos sociales de educación, salud, esparcimiento, seguridad, entre otros, así como a un ambiente sano, adecuación cultural y acceso a opciones de empleo. Facilitar la gestión de proyectos habitacionales, de urbanizaciones sociales y de procesos de regularización de barrios informales.

Detiene y reorienta los procesos de crecimiento urbano descontrolados para reducir desequilibrios demográficos y espaciales producto de las acciones especulativas.

Implementa planes, programas e instrumentos en el corto, mediano y largo plazo tendientes a la gestión del desarrollo territorial a nivel provincial y municipal.

Fortalece el sistema de información sobre el territorio para conocer, caracterizar y comprender la dinámica del medio urbano, rural y del ámbito periurbano de la provincia, de manera que se establezca su aptitud, capacidad de soporte y las sinergias positivas y negativas para sustentar las actividades antrópicas actuales y futuras.

Además, se rige bajo los principios de justicia social; reparto equitativo de cargas y beneficios de los procesos territoriales; prevalencia del interés general sobre el particular.

Toma al suelo como recurso natural. Promueve el ejercicio socialmente responsable del derecho de propiedad y el arraigo; además de la gestión democrática del territorio; y también el respeto cultural a los pueblos indígenas.