Si bien se había dispuesto la reunión para hoy martes a las 9, desde el STJ realizaron el encuentro ayer tomando inmediatas medidas administrativas por la cual el juez cuestionado deja de presidir la Sala Segunda en lo Criminal y Correccional dispuesta en noviembre del año pasado, la cual ahora ocupará Alberto Modi, mientras que Franco pasará a ocupar la vocalía, cargos a los que tendrán que jurar hoy a las 11.

Durante la reunión extraordinaria además de algunas resoluciones administrativas, los miembros del STJ, María Luisa Lucas (presidenta), Rolando Toledo, Alberto Modi y Ramón Avalos fijaron posición sobre lo sucedido señalando que cuando la conducta privada de los magistrados no respeta los parámetros del decoro afecta la imagen judicial.

Afecta la imagen

El texto dado a conocer sostiene que “si bien los hechos de mención serían actos realizados fuera del ámbito judicial, sin perjuicio de que este Alto Cuerpo carece de facultades constitucionales para el juzgamiento político de los mismos, es evidente que la conducta privada de los magistrados tiene que ser guiada por el recato, que es el decoro en su máxima expresión, así como regida por la prudencia, circunspección y mesura, por lo que cuando la misma no respeta dichos parámetros y trasciende la esfera de la intimidad por medio de hechos públicos, afecta la credibilidad y la confianza que en el Servicio de Justicia debe tener la sociedad, produciendo afectación de la imagen judicial”.

Asimismo agrega que “todo juez, por sobre todas las cosas, tiene que poseer la virtud de la prudencia, esto es una vida decorosa, tanto pública como privada, justamente por la función que cumple. Este es en sustancia el principio a que debe ajustar su conducta la persona que cumpla la función de Magistrado”.

Sus pares acordaron establecer medidas administrativas dentro del ámbito de su competencia legal, “a los fines de continuar asegurando el normal funcionamiento del Superior Tribunal de Justicia”, estas medidas fueron sacarlo de la presidencia de la sala Segunda en lo Criminal y también no enviarlos a las inspecciones pendientes que habían sido fijadas en mayo y que tenían como destino alcaidías y los organismos jurisdiccionales de varias localidades.



Fuente: Diario Norte