El fiscal llevó a cabo a principios de julio un reconocimiento fotográfico al que asistió una de las víctimas, Joaquín Zuñiga Gómez.

Al serle exhibido el álbum que contenía la fotografía de Scorza, la sindicó al decir “me guío por su mirada, yo no la podía ver a la cara directamente porque estaba esposado boca abajo, esta persona cuando tenía los brazos esposados por detrás me agarró el dedo para desbloquear el teléfono”.

La víctima contó que le revisó el celular “en busca de los datos de Niven (uno de los amigos) y como no lo encontraba le decía que lo busque en el chat de Independiente”. “Me decía dónde tenía la droga, que era un chorro, que a su amigo le tiraron porque hizo las cosas mal. Todo el relato era con ironía”.

“Me preguntó por Niven, quién era Niven y yo le comenté que lo conocía de jugar en Independiente y que si podía ubicarlo a Niven donde vivía más o menos y yo le dije que vivía por Avellaneda, no tenía idea dónde y me dice tenés el número de él, debe estar en el grupo de Independiente, le digo y me dice bueno desbloqueame el celular, decime qué dedo lo desbloquea, y me llevó el celular a la parte de atrás de las manos, porque yo estaba esposado boca abajo, tirando en el piso boca abajo y me llevó el celular y buscó el contacto de Niven”.

Así, el fiscal en un dictamen del 7 de julio dio por probado que Luján Scorza “fue una de las mujeres policías que le produjo sufrimientos psíquicos a Joaquín Zuñiga Gómez mientras se encontraba ilegítimamente detenido en las condiciones repasadas”.

A su juicio, la imputación consiste en los delitos de “encubrimiento agravado por la condición de funcionario público y por ser el ilícito precedente especialmente grave en concurso real con privación ilegal de la libertad calificada al tratarse de un funcionario público que actuara con abuso de sus funciones y por haber cometido torturas impediría una eventual condena en suspenso”.

Hizo hincapié el fiscal en el riesgo de presión a los damnificados, sus familiares y los testigos que se extrae de la relación de poder, recursos y condiciones que reviste Scorza como integrante de una fuerza de seguridad, lo que se traduce en que contaría con medios para dar fácilmente con las víctimas y las zonas que frecuentarían.

Y agregó, las reiteradas situaciones de intimidación y de violencia denunciados por los damnificados y sus familiares, dos de las cuales sucedieran hace muy poco.

Sostuvo que continúan en curso distintas diligencias, lo que imponía aventar el peligro de entorpecimiento de la investigación.

Amenazas e intimidación

La jueza Paula González argumentó que cobra importancia “la especial preocupación manifestada por los padres de los damnificados”. Uno de ellos expresó el profundo temor de lo que pudiera ocurrirle a su hijo y que lo llevó a considerar la posibilidad de trasladarse a otra provincia.

La jueza puso de relieve “las reiteradas situaciones de intimidación y violencia denunciadas por los menores y sus familiares, dos de ellas hace tan solo unos días y en forma repetida con espacio tan solo de horas”.

El padre de uno de los jóvenes denunció que unas cuatro personas se acercaron a su domicilio en un vehículo y que lo observaron de forma intimidante. Puso de relieve otro suceso dirigido contra su hijo, y más recientemente, “un hecho de características vandálicas aplicado sobre su automóvil que no parecía ser un hecho aislado, lo que importó extremar las medidas de cuidado en su residencia”.

La causa

En mayo pasado la jueza Paula González elevó a juicio oral la causa por el crimen de Lucas, el adolescente de 17 años asesinado de un balazo durante un procedimiento policial irregular en el barrio porteño de Barracas en noviembre de 2021.

Por el hecho serán juzgados 14 miembros de la Policía de la Ciudad imputados por "homicidio agravado" o "encubrimiento".

El abogado Gregorio Dalbón, quien representa a los padres de la víctima como querellantes, destacó que se está en condiciones "de iniciar un juicio histórico, por la cantidad de involucrados y la perversidad de los encubridores".

Los tres principales imputados son el inspector Gabriel Alejandro Issasi, el oficial mayor Fabián Andrés López y el oficial Juan José Nieva , todos ellos de la División Brigadas y Sumarios de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad, quienes irán a juicio como presuntos coautores de los delitos de "homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial".

Además fueron acusados de "tres tentativas de homicidio agravado por las mismas causales; falsedad ideológica y privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley".

La lista se completa con los procesados por el encubrimiento del asesinato: Alberto Du Santos, Juan Romero, Roberto Inca, Héctor Cuevas, Sebastián Baidón, Ramón Chocobar, Jonathan Martinez, Angel Arevalos, Daniel Espinosa, Daniel Santana y Rodolfo Ozán.





fuente: Minuto Uno