"Si exigir que se cumpla la ley es una presión a la Justicia, bienvenidas sean las presiones", dijo ayer el senador Marcelo Fuentes, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que la semana próxima comenzará a debatir el proyecto que impulsa el oficialismo para reglamentar el per saltum.

El per saltum es un recurso por el cual la Corte Suprema, sea por iniciativa propia o por pedido, se aboca a considerar una causa salteando las instancias judiciales inferiores. La voluntad del kirchnerismo para avanzar en este instrumento se dio en el momento de más tensión en las discusiones que ocurren en el Consejo de la Magistratura por la designación de jueces del fuero Civil y Comercial, que debe resolver sobre la Ley de Medios .

La maniobra dio lugar a que la oposición denuncie que el Gobierno quiere "extorsionar a un grupo de jueces para que fallen de la manera que ellos quieren”, según explicó el diputado Alfonso Prat-Gay. ¿Sobre qué tema? A su entender, sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, uno de cuyos artículos es objeto de estudio de la Justicia.

El titular del bloque del Frente para la Victoria en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, admitió que el per saltum se usaría para ese caso, aunque también para resolver otras cuestiones. "Lo que ocurre con la Ley de Medios es un tema de gravedad institucional", consideró.

El debate sobre esa figura se dará al calor del duro enfrentamiento que rodea el nombramiento de magistrados, y en particular sobre el que concierne al juzgado federal en lo Civil y Comercial Nº 1, donde se tramita la demanda del Grupo Clarín sobre la norma.

En este conflicto, el Gobierno recusó a dos jueces propuestos por la Cámara como subrogantes para ese juzgado: Raúl Tettamanti y Raúl Torti. También denunció a algunos de los consejeros de la Magistratura. Por último, el ministro de Justicia Julio Alak pidió al supremo tribunal que “se aboque a resolver las irregularidades" en ese cuerpo, y "la nulidad del mecanismo para designar jueces subrogantes", pese a que días atrás trascendió que éste no se pronunciará sobre el tema al entender que se trata de un “conflicto político”.

Tras la reacción de la oposición, que de inmediato acusó al Gobierno de "presionar" a los jueces y de intentar "limitar" su trabajo, el propio presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, se refirió al tema. "Sabemos que va a haber presiones, pero no vamos a cambiar nuestros principios", aseguró el jueves.

"Las presiones que existan no deben amedrentar a los jueces y juezas. El Poder Judicial está unido y en ese sentido podemos enfrentar a cualquier viento fuerte que aparezca", indicó Lorenzetti ante un auditorio repleto de magistrados, en Mendoza.

La opinión de los expertos

Infobae.com consultó a dos reconocidos constitucionalistas, Gregorio Badeni y Félix Loñ, para que den su punto de vista. Ambos coincidieron en que existe presión por parte del Gobierno sobre la Justicia.

“Desde el momento que se forzó la renuncia del juez Tetamanti, desde que se recusó a jueces subrogantes designados por la Cámara Civil y Comercial, desde que se intentó forzar a la Corte para que resuelva la disparidad de opiniones que hay en el Consejo, resulta evidente que el Poder Ejecutivo presionó al Poder Judicial”, denunció Badeni.

Se quejó, además, de las denuncias contra algunos miembros del Consejo de la Magistratura "porque no quieren aprobar una terna con candidatos a jueces para ocupar el cargo vacante en el juzgado Nº 1, cuando no se adopta una conducta similar respecto a funcionarios que no se expiden sobre las ternas que les ha mandado" para otras vacantes en el fuero federal.

Felix Loñ, por su parte, recordó que existe un artículo de la Constitución que dice que en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas. "Es decir, el Poder Ejecutivo no puede inmiscuirse en la función judicial", explicó.

Por eso remarcó que “la actitud del ministro Alak constituye una clara violación de ese artículo y de la división de poderes”. “Esto es una expresión reiterada de la actitud extorsiva que tiene el Poder Ejecutivo para tratar con los otros poderes. Ejerce presiones para imponer su criterio”, agregó.

Ambos especialistas cuestionaron asimismo el uso que se pretende hacer del per saltum. “Se está manoseando una institución judicial en función de cuestionables intereses políticos”, opinó Badeni.

En tanto, Loñ dijo que "el oficialismo lo que se persigue es que se designe un juez que le dé garantías de que se va a expedir en perjuicio del Grupo Clarín".

Confió, no obstante, en que la Corte Suprema no aceptará declararse competente si se le pide intervenir en la disputa en el Consejo de la Magistratura. A su juicio, el conflicto no reviste “gravedad institucional”, por lo que consideró probable que el tribunal no acceda ya que se trata de "una simple crisis entre el oficialismo y la oposición”, a raíz de una "postura conflictiva asumida por la representación del Poder Ejecutivo (…) al no querer consensuar una salida armónica".






Fuente:Infobae