El Sauzalito
Detectan fallas en la administración de justicia en El Sauzalito
La Defensoría del Pueblo del Chaco llevó adelante un pormenorizado análisis de los distintos reclamos que hizo la comunidad Wichí de El Sauzalito en lo que respecta al acceso a la justicia. A partir de casos testigos, el defensor Gustavo Corregido decidió hacer una serie de recomendaciones alertando que se evidencias “fallas sistémicas en la administración de justicia”.

Domingo, 14 de octubre de 2012
La resolución emitida recomienda que “por Superintendencia del Poder Judicial y la Inspectoría de Justicia de Paz, se elabore una planificación de acciones tendientes al restablecimiento de la confianza de la comunidad de El Sauzalito en el Poder Judicial”, Asimismo dice que por la vía correspondiente se analicen los casos que expone en los considerando de la resolución, por cuanto evidencian una falla sistémica en la administración de justicia, por tal razón solicita tengan informada a la Defensoría de las conclusiones.
Corregido también pide que “se informe la presente recomendación al Defensor del Pueblo de la Nación , atento su interés específico en materia de pueblos originarios a los fines que estime corresponda”.
Los casos
Cabe recordar que tanto el defensor chaqueño, como Roberto Mena encargado de la oficina en la provincia del Defensor del Pueblo de la Nación tomaron intervención en el reclamo planteado por la comunidad Wichi por el mal funcionamiento del Juzgado de Paz de esa localidad.
En el análisis previo para efectuar las recomendaciones la Defensoría estudió tres casos originados en el Juzgado de Paz de El Sauzalito, uno de ellos por la agresión de un perro a un niño, donde la jueza se inhibió por cuanto la persona que reconoce ser el dueño del perro agresor es el hermano del secretario del Juzgado de Paz, remitiendo las actuaciones a otro juzgado a 100 kilómetros de distancia.
Corregido sostiene que en ese caso “se debió apartar al secretario y continuar entendiendo en la causa a fin de resolver la situación que involucró a un animal peligroso en perjuicio de un niño de 7 años provocándole una herida considerable. Denegándose de este modo un efectivo acceso a la justicia, no cumpliendo el Juzgado de Paz su rol pacificador fundamental para los conflictos vecinales”.
Otro de los casos analizados fue un expediente que también fue remitido al juzgado de Paz de Wichí-El Pintado respecto a las denuncias contra kioscos y despensas por venta de bebidas alcohólicas a la madrugada. “La Juez de Paz, Noemí Perez resuelve su inhibición por cuanto una de las personas indicadas en la denuncia es su esposo por tal motivo remite las actuaciones al Juzgado distante a 100 kilómetros, el cual deberá investigar y llevar adelante estas actuaciones, que comprometen seriamente la paz social por tratarse de comercios que venden bebidas alcohólicas en abierta infracción”.
El defensor dice que “el sentido común nos indica que debió actuar la juez suplente a fin de administrar correctamente la denuncia de la Comunidad Wichí que refiere a una actividad que vulnera el orden público”.
El análisis
“Situarnos en la realidad y cosmovisión de una población en una localidad ubicada a 600 kilómetros de Resistencia y 300 kilómetros de Castelli, cabecera del Departamento General Güemes, es asignarle al Juez de Paz una preponderancia social relevante que debería gozar de suma confianza como reaseguro de racionalidad ante el planteo de conflictos locales”. Por eso el defensor aseguró que “el Juzgado de Paz actúa en la microfísica del poder, administrando justicia ante problemas de violencia familiar, de género, disturbios en la vía pública, animales peligrosos, agresiones de menor cuantía, peligros en la conducción de automotores y motovehículos. Es la primera respuesta del Estado en un correcto sistema de control social, de acuerdo a pautas compatibles con la normativa vigente en materia de Derechos Humanos”.
La conclusión
Advierte que “los casos mencionados demuestran que cuando el juez actuante no quiere abordar un conflicto determinado envía las actuaciones a la localidad de Wichi - El Pintado distante a 100 kilómetros de El Sauzalito, este a su vez tiene una incapacidad material de ejercer la jurisdicción por la distancia y así termina archivado el pedido de justicia. Esto genera la pérdida de confianza en el Poder Judicial. Desde el Juzgado de Paz se bloquea de manera tangible el acceso a la justicia, provocando un conflicto social de envergadura que mantuvo a la localidad de El Sauzalito con el acceso interrumpido por más de un mes”.
Fuente: Diario Norte