El dato está contenido en el informe que elaboró el técnico del TDC encargado de la auditoría, quien estableció que por los sobreprecios el municipio pagará un extra de 12 millones de pesos a la empresa constructora Pedro A. Martínez. Pero como el relevamiento no se hizo sobre toda la obra, sino sobre una parte de ella, esa suma podría ser incluso mayor.

La investigación, de ese modo, indica que un ingeniero del propio municipio, quien había denunciado públicamente la
existencia de sobreprecios, tenía razón al efectuar la advertencia.

Números inflados

Ese profesional es el ingeniero Daniel Retamozo, quien por investigar el tema quedó confinado sin funciones en el Departamento de Personal de la Municipalidad de Resistencia. Luego asesoró al bloque de concejales justicialistas para que éste formulara la denuncia que llegó al Tribunal de Cuentas.

En aquel momento, Retamozo, a través de distintas cartas publicadas por NORTE, comparó los costos aplicados por la gestión de Aída Ayala en el proyecto de la avenida Urquiza con otras obras de pavimentación similares, para llegar a la conclusión de que en el primero de los casos el presupuesto estaba inflado de manera muy llamativa.

El planteo de Retamozo fue descalificado por funcionarios municipales, como el secretario de Obras Públicas Oscar Bonfanti, y la polémica llegó a su pico más alto cuando el PJ logró de la justicia provincial una medida cautelar que ordenó frenar el proyecto de pavimentación mientras no se aclarara la supuesta existencia de sobreprecios.

La orden judicial cayó en medio de la campaña electoral del año pasado, y Ayala logró revertirla antes de los comicios, por lo que realizó un acto multitudinario en la propia avenida Urquiza para anunciar que la obra estaba destrabada y podía ser iniciada. Poco después la intendenta ganaría su reelección con una aplastante diferencia sobre sus adversarios.

La auditoría

El final del proceso electoral enterró la discusión sobre la avenida Urquiza, y también las sospechas lanzadas por el PJ sobre un presunto vínculo entre la gestión de Ayala y la empresa Pedro A. Martínez, ganadora de numerosas licitaciones municipales, entre ellas la de la avenida en cuestión.

Pero por un andarivel paralelo al de las cuestiones políticas fue avanzando el trabajo técnico de los auditores del Tribunal de Cuentas, que se abocaron a analizar la presentación de los concejales de la oposición. El resultado es un dictamen al que NORTE tuvo acceso y que calcula que el municipio pagará la obra un 30,79% más caro que su valor real.

Por la magnitud del proyecto, la investigación no se hizo sobre toda, sino sobre algunos rubros selectivos, tomando sólo algunos ítems del rubro pavimentación y otros del de desagües.

A partir de allí el trabajo fue comparando los valores de referencia que se utilizan para este tipo de constataciones, y los introducidos por el municipio en la elaboración de su presupuesto oficial. Luego también comparó estos números con los presentados por las dos empresas que se presentaron a la licitación comunal, Pedro A. Martínez Construcciones (la ganadora del proceso) y DAL Construcciones.

En casi todos los renglones los auditores encontraron valores muy superiores a los que hubieran correspondido.

Sobreprecios excesivos

El resultado de la sumatoria de conceptos indica sobreprecios exagerados. Concretamente, considerando los rubros revisados (que representan aproximadamente un 70% del total de la obra), el Tribunal de Cuentas calcula que el presupuesto debió ser de unos 39 millones de pesos, mientras que el fijado por el municipio para la licitación fue de 49,6 milllones (un 27,3% más) y el de Martínez Construcciones fue de 51 millones (30,79% más).

De no haber existido esas sobrestimaciones, la obra le hubiera costado al municipio 12,9 millones de pesos menos. En realidad, el ahorro hubiese sido aún mayor, teniendo en cuenta que la auditoría dejó varios ítems sin revisar, y es presumible que en ellos también hubo sobreprecios.

En el capítulo dedicado a las conclusiones, el informe del Tribunal de Cuentas califica de “excesivo y distorsivo” el 27% de diferencia entre el presupuesto que hubiera resultado correcto y el fijado por el municipio.

Luego, agrega otro análisis interesante: “Si bien el precio que paga la administración activa surge del proceso de la licitación pública, que es un procedimiento de autorregulación del precio en el mercado y en definitiva es el precio real, al momento de la finalización del mencionado proceso, que culmina con la firma del contrato, es necesario recordar y recomendar que la base numérica del proceso licitatorio es el presupuesto oficial, y su correcta estimación coloca el precio real de una obra pública dentro de un entorno en el cual compiten las empresas interesadas”.

Al respecto, señala que en el Chaco “ese entorno se encuentra normado en la banda de más o menos el 20%, y por lo tanto le cabe la responsabilidad a la administración activa de que el monto del presupuesto oficial sea la mejor estimación posible, es decir, no debe ser la que eleve el precio base, dejando que la compulsa de la licitación pública eleve o no el presupuesto de la obra”.

En otras palabras, el gobierno municipal, al fijar un presupuesto exageradamente alto para la obra, generó la posibilidad de que las empresas oferentes ofrecieran contratos también encarecidos de modo ficticio.




Fuente: Diario Norte