“La seguridad es una problemática a la cual todos debemos aportar con ideas para una solución”, trazó Jorge Alcántara, al tiempo que señaló que no se trata sólo de la visión de uno de los poderes del Estado, sino de todos. “Esperamos como ciudadanos que haya un acuerdo razonable de los tres poderes, no sólo para introducir las modificaciones sino para llevarlas a la práctica”, sostuvo el presidente del Instituto de Derecho Penal del Colegio de Abogados, en cuanto al proyecto de ley que propone el Ejecutivo provincial para promover los juicios por flagrancia con procesos más cortos hacia el dictado de una sentencia.

Precisamente el aporte del Colegio de Abogados llegó a manos de los miembros del Superior Tribunal de Justicia, con una crítica formulada al autor del proyecto de reforma al Código Procesal Penal. “Independientemente de que esas cuestiones vuelvan a plantearse ahora en el seno de la Comisión Legislativa que tratará la reforma del artículo específico, consideramos necesario fijar una postura y decirles que había que buscar mecanismos para aggiornar algunas soluciones”, sostuvo el penalista en diálogo con Radio Universidad.

“La flagrancia está prevista dentro del actual ordenamiento procesal penal”, recordó Alcántara, uno de los colaboradores en la redacción de la iniciativa legislativa enviada a la Cámara de Diputados. Así dijo que la figura prevé la detención de cualquier persona encontrada “in fraganti” en la comisión de un hecho delictual, inmediatamente después de cometido el mismo o cuando se produce una persecución ininterrumpida. También cuando una persona es encontrada con objetos en su poder provenientes del ilícito o con rastros evidentes de haber cometido un delito.

El actual artículo 65 del Código Procesal Penal establece en esos casos la captura de esa persona. “El proyecto del Ejecutivo pretende que esa flagrancia pueda posteriormente ser sometida a un juicio que, si bien respeta todas las garantías constitucionales del sujeto detenido, se lleve a cabo en un proceso sumarísimo que permita la obtención de una condena en el menor tiempo posible”, indicó.

Al margen de la modificación inmediata y puntual del articulado en cuestión, Alcántara recordó que existen cuatro proyectos que proponen la modificación integral del Código, aunque llevará tiempo discutirlos. “Si este proyecto prospera, esta figura podrá implementarse de inmediato”, subrayó. Sobre la reforma de fondo del Código, consideró que se trata de un proyecto perfectible que deberá ser adaptado a realidades que existen hoy en la provincia.

Probada efectividad

Asimismo, destacó que el proyecto propuesto por el Ejecutivo provincial toma elementos que funcionaron bien en otras provincias como Tierra del Fuego, Misiones, La Rioja y Buenos Aires. “En el nuevo proyecto se prevé que el fiscal de investigación, tomando conocimiento de la detención en flagrancia, dentro de los tres días hábiles inmediatos a producida la detención, lleve al imputado a presencia del juez de garantías para una primera audiencia”, repasó.

En esa misma audiencia, el magistrado puede decidir si el proceso continúa en flagrancia; y, en caso afirmativo, el imputado podrá optar por someterse al juicio abreviado (deberá haber un acuerdo con el fiscal) o la suspensión del juicio a prueba (para delitos de menos de tres años de prisión).

“Si fracasa el proceso directo, se lleva adelante lo que hoy conocemos como audiencia de debate. Aquí, la totalidad de los elementos de prueba que se han aportado se analizan y se le da la posibilidad de declarar. En esa misma audiencia, el juez dicta sentencia sin solución de continuidad”, explicó el penalista.

En ese contexto subrayó el objetivo central de la iniciativa de brindarle mayor celeridad al proceso penal. Y también “descomprimir las situaciones en las cuales una persona capturada en flagrancia demora en llegar a un juicio, lo que produce en la gente la sensación de incertidumbre”. Reveló en ese orden que la intención es dejar registrados los antecedentes de un delincuente a no más de cinco días de haber cometido el delito, y de esa manera que queden registrados y no se produzca el efecto de “puerta giratoria”. “Una nueva caída implicará pena de cumplimiento efectivo”, resaltó finalmente.






Fuente: Diario Norte