“Nos perjudica a todos los afiliados y esta situación motiva una mala praxis por parte de los prestadores”, afirmando que “nos encontraríamos en una situación de desprotección y abandono en la atención de nuestra salud y de nuestra familia”.


En el pedido también reclaman se “defina una política seria para nuestra obra social y un compromiso cierto con el gobierno basado en la claridad y transparencia respecto de los descuentos que se le realizan a los afiliados y no son depositados en la cuenta correspondiente y que el presidente debe y tienen la obligación -en caso de no procederse como corresponder- de realizar las denuncias, que el mismo se encontraría en situación tipificadas penalmente como ser una de ellas falta a los deberes de funcionario publico y posible malversación de fondos”.
Los reclamos

Cabe destacar que el petitorio remitido Morante y otros funcionarios del organismo, como también al Tribunal de Cuentas, expresa con crudeza que “se debe resolver la situación económica entre las partes, Insssep y prestadores; además resolver el traspaso en tiempo y forma de los aportes, conminar y emplazar bajo la posible denuncia en caso de posible incumplimiento de las instituciones que no lo hicieren, deposito en tiempo y forma al instituto”.

También reclaman se reitere “el pedido de informe respecto de las tarjetas dejadas o fuera de utilización lo que hasta la fecha no se explicó y responsabilizó sobre este negocio con erogaciones millonarias un millón trescientos nos costo. Una de las tarjetas fue dejada sin efecto porque llevaba el logo todos somos Chaco”. “El Insssep debería implementar una tarjeta que no afecte a los nuevos gobierno que se suceden, porque siempre somos el pueblo los que pagamos estos quebrantos patrimoniales y políticos, hecho que estarían involucrados con empresas de políticos de nivel nacional por lo que se siguió pagando. Para aclarar la asociación y afiliados preavisamos que no continuaran con esas erogaciones en una tarjeta que nunca funcionó”.

El contralor

Por otra parte en el caso del organismo de contralor sostienen que “ha sido cómplice de actos que afectan al patrimonio de los afiliados como el pago de una tarjeta que no fue utilizado donde el Tribunal de Cuentas debería tener muy en claro que esta situaciones no pueden suceder y ya deberían haberle hecho pagar a la gestión de (Roy) Nikisch por la toma de una decisión errónea. No podemos continuar con una administración que no defiende los intereses de los afiliados que en definitiva su mala administración la paga el pueblo con impuestos, con servicios de agua y luz cara para tener funcionarios incapaces”.






Fuente: Diario Norte