Y estos puestos constituyen un grave problema para la sociedad dado que al no haber controles de ningún tipo es imposible garantizar que la comida tiene una calidad mínima para ser consumida.

En tal sentido el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Leandro Zdero señaló: “Pedimos a la gente que no compre en estos puestos porque no hay control bromatológico de ningún tipo y es un gran riesgo para la salud de la población de la capital chaqueña”.

Pero no solo constituyen un peligro para la salud, también afectan seriamente a la caja municipal porque se trata de 300 vendedores que no hacen aportes de ningún tipo y por lo tanto no pagan impuestos.
A su vez quienes trabajan en estos puestos no están registrados, reciben un salario por debajo del mínimo establecido por ley y tampoco figuran para la Anses, es decir que no están incluidos dentro de la seguridad social.
Otra falta grave es la contaminación que generan al cocinar al aire libre sin ningún tipo de tratamiento de los desperdicios: humo y basura.
Pese a que arrastran una serie de violaciones prosperan fundamentalmente porque la población consume sus productos por comodidad o bajos precios, una oferta financiada por la informalidad.

Para los funcionarios, una de las llaves para terminar con este flagelo la tiene la sociedad, que todos los fines de semana consumen en estos puestos que no tienen ninguna medida de seguridad.

Sin embargo, otros opinan que el Estado permitió que prosperen estos comercios ilegales. Esta opinión se base en dos pilares: la municipalidad tiene el poder de policía para clausurarlos y los puestos ocupan espacios públicos.

Es decir que si pueden instalarse es porque alguien los deja, fundamentalmente los funcionarios comunales que tienen todas las herramientas para hacer cumplir con la normativa vigente.
Además señalan que los puestos fueron denunciados tanto por comerciantes como por los vecinos, afectados por la presencia de estos puestos que suelen aflorar durante los fines de semanas o feriados.


Operativos comunales

Si bien se hacen operativos comunales y se clausuran, en poco tiempo reaparecen en los mismos lugares enfrentando nuevamente sanciones o el decomiso de la mercadería puesta a la venta.

Zdero explicó que han buscado dialogar con los vendedores pero un grupo aceptó la reconversión financiada con fondos nacionales, mientras que el resto continúa actuando informalmente.

Relató que hace poco tiempo realizaron un importante decomiso de cd y oro peruano, pero estos vendedores vuelven a insistir con una actividad que está prohibida en la ciudad de Resistencia.
Lo mismo ocurrió con los polleros, incluso en una oportunidad movimientos sociales reaccionaron atacando el edificio comunal y justificaron la instalación de estos puestos en la necesidad de los sectores más carenciados.

Un problema social

En parte, la comuna admite que la proliferación de estos comercios es fruto de la situación económica que claramente es muy diferente a la presentada por el gobierno con números retocados.

“Al no haber empleo estos sectores se vuelcan a trabajar en rubros que están prohibidos y corriendo el riesgo de recibir sanciones importantes”, destacaron funcionarios comunales que trabajan con esta problemática.

Otros, en cambio sostienen, el problema social o la falta de trabajo no puede justificar la proliferación de estos puestos ambulantes que funcionan en forma muy precaria y violando todas las normas.

Reclamos de comerciantes

Dirigentes que representan los intereses de los comerciantes se pronunciaron en contra de estos puestos de venta y acusaron a sus propietarios de competir en forma desleal dado que no pagan impuestos ni carga social.

Además indicaron que para abrir un comercio legal hay que abonar una abultada cifra tanto a los organismos tributarios como a la comuna, mientras que estos puestos solo se instalan sin que nadie los inspeccione.




Fuente: Diario Norte