Locales
Casas de préstamos, en la mira de la justicia penal
El defensor del pueblo, Gustavo Corregido, formalizó una denuncia penal para que se investigue la posible comisión de delitos de acción pública en perjuicio de los empleados de la administración pública de la provincia a través de maniobras en los que intervendrían casas de préstamos.
Domingo, 26 de agosto de 2012
              

La presentación la hizo a partir del reclamo de un ciudadano ante la Defensoría, que llevó a efectuar la denuncia por posibles actividades defraudatorias mediante otorgamiento de préstamos personales con abuso de firmas en blanco, autorizaciones para códigos de descuento firmados en blanco y tasas usureras. Una vez concretada la denuncia, la misma recayó en la Fiscalía de Investigaciones Nº 6, que de manera urgente tomó declaraciones y ya habría concretado un allanamiento.

El caso

Corregido señaló que este posible delitos perjudicaría a un número significativo de trabajadores que son engañados a través de distintas operatorias. Según hizo constar en la denuncia la maniobra comenzaba a partir de que “en un documento numerado se les hacía firmar una autorización para permitir por medio de un código de descuento (Decreto 2042/00 Código de Descuento) sea retenido de los haberes mensuales una suma de dinero; esta autorización se firmaba en blanco en lo referido a los importes que debían descontarse, a la suma prestada y a los intereses devengados por esas sumas”.
También contó que “los formularios de autorizaciones firmados en blanco, llevaría a que el empleado público se encuentre con descuentos por una suma de dinero superior a la que efectivamente se le prestó y con una tasa de interés por la devolución de aproximadamente 200 por ciento anual”.

Allanamientos

El expediente de la denuncia está identificado como Nº 27.234/12 “Gustavo A. Corregido Defensor del Pueblo del Chaco su denuncia”.
Durante el viernes en horas del mediodía la fiscalía de investigaciones Nº 6 realizó el allanamiento en una mutual ubicada por avenida Wilde, donde se secuestró abundante documentación con pagarés en blanco y código de descuento con firmas de personas que acudieron a pedir préstamos, pero en la parte de los intereses estaban también en blanco. Esto demuestra las denuncias realizadas y que existen maniobras defraudatorias contra empleados públicos.


La maniobra

El mecanismo defraudatorio consistiría en que por cada formulario se hace firmar dos cuerpos, el superior con la autorización para la utilización del Código de Descuento de haberes que rellenan con los datos del empleado público a quien se le presta una suma de dinero, sin embargo el importe (capital) a descontar está en blanco, así como la tasa de interés aplicable a dicho capital. Luego en el segundo cuerpo queda otra vez un documento (pagaré) sin protesto firmado en blanco por la misma obligación.
“Es decir que se generan dos deudas, una que se percibe por medio del código de descuento y otra que queda en la casa de préstamos mediante un documento pagaré firmado por el agente que solicita el préstamo pero el importe permanece en blanco”, explicó.
Asimismo “se le hace firmar una solicitud de afiliación a la casa de préstamos que al final de la presentación otra vez hay un documento pagaré firmado en blanco sin constar un importe”.

Contratados de obra

En la misma denuncia hace constar con situaciones de defraudación sufren los contratados de obra en la zona de La Leonesa y General San Martín. Estos contratados de obra no pueden tener código de descuento, por lo tanto la casa de préstamos les otorga una promoción que consta de 250 pesos y un bolsón de mercaderías por un importe de 300 pesos. A estas personas no se les descuenta por código, sino que deben pagar directamente, pero “les hacen firmar una autorización para utilizar el código de descuento una vez que pasen a planta, en el mimo formulario descrito anteriormente”.
Corregido dijo que “estos 550 pesos también deberán ser devueltos por medio del código de descuento al 16 % mensual cuando se pase a planta. Son aproximadamente 100 familias aborígenes que tienen contrato de obra en salud pública”.



EPIGRAFE 20
El Defensor del Pueblo, Gustavo Corregido, fue alertado de numerosos casos de fraudulenta operación de préstamos y prosiguió a realizar la denuncia correspondiente. Confía en la justicia resolver cada uno de los casos presentados.





Fuente: Diario Norte
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