El 30 de junio pasado, una médica de la pastilla 6 del hospital Perrando, donde habían nueve personas internadas por Covid-19, informó a la dirección del hospital sobre un mal funcionamiento de siete de los respiradores por falta de suministro de aire comprimido.

El desperfecto activó las alarmas y se dio pronta intervención al bioingeniero, quien luego de buscar las fallas constató que se encontraban cerradas las llaves de paso de aire comprimido hacia los respiradores y que al abrirlas nuevamente comenzó a funcionar el sistema con normalidad, lo que hizo posible revertir la situación y que ningún paciente haya sufrido daños.


De forma inmediata, la directora y el codirector del hospital, Nancy Trejo y Daniel Pascual, realizaron la denuncia penal que dio intervención al equipo de la Fiscalía Nº 6, a cargo de Roberto Villalba. En paralelo, el Ministerio de Salud lleva adelante las investigaciones sumarias pertinentes a fin de determinar las responsabilidades administrativas correspondientes. Por este hecho, el gobierno chaqueño se constituyó como querellante.

Sin embargo, con el correr de los días, tomó fuerza otra versión: una falla preexistentes en el sistema de tuberías. De hecho, en el expediente están incorporados dos audios de whatsapp donde un ingeniero de la Sala de Máquinas del hospital le responde al jefe de mantenimiento que habían detectado problemas, y según el fiscal ese audio “corresponde a una semana anterior a los hechos que estamos investigando”. “Lo que viene a corroborar el diálogo (en el audio whatsapp) es que el problema ya existía y era conocido por los jefes de mantenimiento”, explicó a diario Norte el fiscal Villalba.

Esto coincide con los dichos del secretario general de UPCP, José Niz, quien negó el atentado y apuntó a las autoridades sanitarias por violar la Ley de Obras Públicas, “porque no han cumplimentado el procedimiento de entrega de obra finalizada y tampoco han llevado a cabo las auditorias de control pertinente”.

A pesar de estas aseveraciones, el codirector del Perrando, Daniel Pascual, insistió con la teoría del boicot. “Yo sostengo lo mismo”, reafirmó el funcionario en declaraciones a CIUDAD TV. “Estuve leyendo las declaraciones del fiscal que dice que tiene varios hilos investigativos, pero la realidad es que en esa zona llegaron a funcionar hasta 10 respiradores”, recordó.

“Es día, sonaron las alarmas, se comprobó que las válvulas estaban cerradas. Cuando se abrieron, por medio de un ingeniero, las alarmas dejaron de sonar y todo volvió a la normalidad. Esos son los hechos”, ratificó y señaló que “para nosotros fue un cierre intencional de los grifos”.

Fuente: Chaco día por día