El poco tiempo restante se debió usar para discutir sólo dos proyectos de ley: la Escuela de Gobierno, que fue aprobada por unanimidad, y el no expendio de combustible a los motociclistas que no usen casco.

En tanto, el resto de los temas que formaban parte del orden del día acordado en labor parlamentaria fue diferido hasta la próxima semana, cuando aprobarían, por ejemplo, un incremento al impuesto fijado a la carne “importada”.

Además, los diputados oficialistas se impusieron a la hora de solicitar una audiencia especial para tratar —la semana que viene— el pliego de Naredo Aguirre Piela, funcionario propuesto para el Instituto de Colonización.

También la reforma electoral sería analizada en el recinto el próximo mes, por lo que a partir de hoy los legisladores deberán abocarse de lleno al debate en comisión de esta norma que establece las internas abiertas y simultáneas a nivel provincial.

Discusión por las actividades de La Cámpora

El debate arrancó cuando diputados del NEA plantearon una cuestión previa para expresar su preocupación sobre las actividades que está desarrollando la agrupación política La Cámpora en el Chaco y en el resto del país.

Sergio Vallejos fundamentó que este pedido de informes surge para conocer si el ministro de Educación Francisco Romero avaló estas actividades. “No aceptamos eufemismos que se manejan cuando nos quieren decir que esta gente viene a explicar de qué se trata la democracia o que hace una tarea comunitaria desprovista de toda intención política, pueden hacer actividades comunitarias y políticas que quieran pero que no utilicen el dinero del pueblo”, expresó.

Por su parte, el diputado aliancista Luis Verdún sostuvo que “como docente y ciudadano veo con preocupación que hemos sido noticia a nivel nacional y provincial, de lo que sucede en las instituciones educativas donde se llevan adelante actividades de tipo proselitista”.

Desde el Frente Grande, Daniel Trabalón respondió que “es necesario desarrollar una mayor participación política, los contenidos que se plantean tienen una dimensión política e ideológica y nosotros decimos que esto se tiene que fortalecer, hay que animarse a dar el debate en las escuelas”. El legislador anticipó su acompañamiento al pedido de informe aclarando que “siempre vamos a promover la participación política pero advirtió que la oposición podría tener una posición tomada”.

El presidente del bloque justicialista Ricardo Sánchez agregó: “Me suena raro que en un sistema educativo con 400 mil alumnos con más de 25 mil docentes y 800 mil padres no haya nadie que levantara su voz de protesta o su denuncia ante un hecho como el que denuncia Vallejos. Ningún padre hasta ahora ha dicho que a su hijo se lo ha querido adoctrinar en algún partido político”.“Debemos desmitificar esto de que la política es mala, lamento que el diputado diga que hacer una tarea solidaria como esta es una práctica nazi. Bienvenido sea que en el Chaco los estudiantes formen los centros de estudiantes. No digamos que es malo que alguien lleve adelante una tarea social”, determinó.

Polémica por acueducto

En tanto, el radicalismo —a instancias del legislador Livio Gutiérrez— expuso la preocupación que hay por la demora que lleva la concreción del segundo acueducto, una obra muy compleja tanto en su construcción como en el financiamiento.
Gutiérrez pidió que se conforme esta comisión de seguimiento y control de la obra para analizarla. “El no avance del proyecto es preocupante y produce desazón tras ocho meses de sequía, por lo que solicito que en la próxima sesión se constituya esta comisión”, destacó.

Por su parte, Sánchez recordó que la construcción del acueducto demanda componentes que son de industria nacional y otros importados y que hubo inconvenientes con el esquema de importación, pero también remarcó que en la actualidad, solucionados estos temas con el vecino país, “se está trabajando en una nueva etapa, y tenemos que esperar los tiempos de la obra que está proyectada para 2015. Hoy se está en otra etapa, no significa esto que se abandonó la obra y no vamos a tener acueducto”, aseguró.

El legislador de Bases y Principios Jorge Luis Varisco indicó que, en el tema del acueducto, “hay un pronóstico no muy alentador, aprobamos en 2010 el préstamo por 200 millones de dólares para que la provincia adquiera los elementos necesarios, como los caños, pero ahora a esos 200 millones hay que multiplicarlos por cinco”.

El diputado del bloque Nepar Juan José Bergia desmintió que no se hayan hecho obras de este tipo “no podemos ponerle pesimismo al pueblo del Chaco, aquí hay responsabilidades compartidas”. A su vez destacó otros acueductos.

La diputada peronista María Lidia Cáceres defendió la gestión del gobernador Jorge Capitanich: “El tema del agua fue una de las prioridades del gobierno, en San Martín vamos a inaugurar el segundo acueducto a fin de año, de igual manera sucederá en la localidad de Las Garcitas donde se hará un gran acueducto que va a servir a siete pueblos, estas obras son motivo de orgullo para nosotros”.

El titular del bloque aliancista Carim Peche indicó que “los que somos del interior conocemos las necesidades de agua potable, en 2000 firmamos un acta todos los intendentes de las localidades por donde pasaría el acueducto, más allá de la cuestión política donde nos dirigíamos al expresidente De la Rúa y a los ministros y planteábamos la necesidad de este acueducto, lo mismo hicimos en 2004 cuando gobernaba Kirchner y en la provincia Nikisch, donde se prometió la construcción del segundo acueducto. Teníamos una alegría tremenda como ciudadanos”.

“Lamentablemente pasaron los años y recién se empezó a trabajar. De esa fecha a la actualidad, vino la presidenta y prometió la construcción del acueducto, donde la Nación se iba a hacer cargo íntegramente del costo del acueducto pero ahora somos los chaqueños los que vamos a pagar el acueducto que ojalá se concrete”.

Contrapunto por Corregido

Verdún fue el primero en referirse a la actitud asumida por el intendente de la ciudad de General San Martín, Aldo Leiva, rechazando “el accionar autoritario en tiempos de democracia, que se agravan por tratarse de un acto protocolar y por ser el defensor del pueblo una institución creada por la Constitución”.

El titular del bloque justicialista Ricardo Sánchez por su parte puso en consideración dos aspectos “por un lado la cuestión institucional donde el tema puede ser opinable, pero también es entendible desde lo personal y humano la posición del intendente, ya que a través de una denuncia este se sintió perseguido y que luego la propia Justicia se encargó de decirle al entonces exfiscal Corregido que Leiva nada tenía que ver con aquella supuesta estafa en tarjetas alimentarias”.






Fuente: Diario Norte