El Poder Ejecutivo amplió los términos del pedido de juicio político presentado contra el juez Luis Martínez, integrante de la Cámara Contencioso Administrativa, cuya destitución reclama el gobierno a raíz de haber librado medidas cautelares que favorecen a financieras que quieren mantener códigos de descuentos para asegurarse el cobro de créditos a tasas usurarias tomados por empleados públicos.

El pedido de jury se efectuó la semana pasada, pero ayer el Consejo de la Magistratura recibió la ampliación de argumentos. Al comentar los motivos del trámite, el ministro de Gobierno, Juan Manuel Pedrini, dijo que Martínez viene dictando “una interminable serie de fallos contra el Estado”, algo que asoció a la condición de exfuncionario radical del magistrado.

Cuevas financieras

Pedrini, en declaraciones a FM Universidad, confirmó la ampliación del pedido de jury y sobre el origen de la acción dijo que es parte de la decisión del gobierno de luchar contra “las cuevas financieras que bajo la fachada de cooperativas se aprovechan de los trabajadores que apremiados por algunas necesidades toman créditos a tasas de más del 100%, que son usurarias pese a que son préstamos sin riesgos, ya que los créditos se les descuentan de los salarios al tener (esas cooperativas) códigos de descuentos”.

“El gobernador, con el decreto que firmó, no quiere ser cómplice de esos créditos usurarios que tiene como víctimas a los trabajadores públicos. Y vemos con sorpresa que un juez al que le paga su salario todo el pueblo chaqueño, en lugar de defender la integridad del salario de los trabajadores, toma partido en forma decidida por estas prácticas usurarias”, acusó el ministro.

Colonización de la justicia

El funcionario dijo que Martínez actuó en el tema a partir de amparos presentados por los responsables de las entidades prestamistas, y recordó que el magistrado “dictó una interminable serie de fallos contra el Estado” y recordó que el juez “fue secretario general de la Gobernación del último gobierno radical, y antes de que terminara esa gestión desembarcó en la Cámara (Contencioso Administrativa), como parte de la colonización que impuso el anterior régimen político en el Consejo de la Magistratura”.

Pedrini planteó que la cooptación de la Alianza sobre el Poder Judicial también “permitió también la designación inconstitucional de tres jueces del Superior Tribunal”, refiriéndose a las de los actuales ministros Rolando Toledo, Ramón Avalos y Ricardo Franco.

“Si uno ve la producción judicial de este juez, se va a encontrar con una cantidad impresionante de fallos, siempre contrarios al Poder Ejecutivo. De ahí que se haya tomado la decisión de pedir un jury de enjuiciamiento, a partir de que sus fallos ya no son sólo contra una gestión de gobierno sino contra los trabajadores”, dijo.

La solicitud de juicio político se presentó la semana pasada, y el lunes por la mañana se amplió la denuncia, escrito que ingresó formalmente ayer en la sesión semanal del Consejo de la Magistratura.

Las tasas

El ministro se refirió luego a la posición del Ejecutivo frente al proyecto de incremento de las tasas judiciales. “Creo que frente a la magnitud del Poder Judicial, sus ingresos son virtuales. Es uno de los poderes judiciales más caros de la Argentina en proporción al número de habitantes. Nadie paga lo que pagan los ciudadanos chaqueños por este servicio de justicia”, expresó.

Como sustento de sus afirmaciones indicó que “Resistencia tiene más tribunales que Rosario, y el Poder Judicial del Chaco tiene más empleados que, por ejemplo, el Poder Judicial de Mendoza. Debe ser uno de los servicios de justicia más caros del país”, insistió.

En contrapartida dijo que “la recaudación que tiene el poder es muy baja, casi virtual. Llama la atención que los abogados no las paguen (a las tasas) y que los jueces no las cobren. Pero es un tema del Superior Tribunal de Justicia, el Ejecutivo no tiene que inmiscuirse. Así como tienen uno de los poderes judiciales del país, creo que también a los usuarios deberían requerirles un aporte mínimo de sostenimiento. Con cobrar el Poder Judicial un 1% sobre los montos de las demandas, recauda el 60% de lo que recauda la Policía del Chaco por tramitar certificados de domicilio y de antecedentes. Recauda mucho menos que el Registro Civil, que el Registro de la Propiedad... La verdad es que hay una sub-administración del Poder Judicial”, criticó.

Siguiendo con esa línea argumental, planteó que el Judicial es “un poder que se dedica a pedir y a exigir, pero más no se le puede pedir a la sociedad. Es hora de que su conducción, el Superior Tribunal de Justicia, deje de pedir y empiece a retribuir algo a los chaqueños de todo lo que esta sociedad les está dando”.
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Fuente: Diario Norte