Los jueces que iniciaron medidas judiciales en defensa de la intangibilidad se mostraron preocupados por la postergación de las decisiones sobre “los derechos constitucionales que se vienen desconociendo permanentemente por parte de todos los poderes del Estado”. Recordaron que la intangibilidad no es un privilegio ni beneficio de carácter personal ni patrimonial de los magistrados, sino que es una garantía indispensable y necesaria que resguarda el equilibrio y la división de poderes en protección de toda la comunidad. Hace a la independencia del propio Poder Judicial”.
Lunes, 6 de agosto de 2012
Respetar las instituciones Consideraron que deben respetarse las instituciones y ya resulta impostergable una decisión al respecto. Cada vez se producen mayores diferencias de sueldos con las otras provincias que anuncian aumentos, como recientemente lo hizo la Corte Suprema que requirió al Poder Ejecutivo Nacional partidas para destinar un 10 por ciento más para sueldos de todo el Poder Judicial retroactivo al mes de julio. “Ya estamos a un tercio de sus sueldos y ahora se profundizará aún más la diferencia”. “El respeto a la intangibilidad no puede ser objeto de negociación, debe respetarse. Es una garantía constitucional que exige de todos los poderes su resguardo. Los sueldos de los jueces de esta provincia están casi último en el ranking nacional, mientras que los empleados están en los primeros lugares. La decisión no es intra poder. Debe la legislatura dictar la norma que coloque a todas las remuneraciones judiciales en una cierta base igualitaria mínima respecto de las condiciones salariales de sus magistrados, que hagan a la dignidad, inamovilidad e independencia de éstos”. Las retribuciones También señalan que “todos los jueces deberíamos percibir retribuciones que observen una razonable relación con el promedio de las que perciben los jueces de las restantes jurisdicciones provinciales y nacional a efectos de no violar el art. 5 de la Constitución Nacional y tampoco en incurrir en desigualdad discriminatoria. Así lo remarca la Corte Suprema de Justicia de la Nación y lo exigen los jueces amparistas”.