La diputada nacional por el Frente para la Victoria Chaco se reunió en Sáenz Peña con sectores representantes de campesinos y aborígenes, que impulsan que el proyecto de ley en cuestión sea considerado en la Comisión de Agricultura y Ganadería. Esto fue planteado por Debate Agrario, Hacia una Constitución Emancipadora convocado por la CTA Chaco, la Corriente Agraria Nacional y Popular (Canpo) y la Federación de Tierra y Vivienda (FTV).

Un tema movido

Pilatti Vergara afirma que el debate “va a ser movido” porque “ataca fuertes intereses económicos y porque no es una mera suspensión de desalojos. No congela el tiempo y patea el problema para más adelante. No llama a la pasividad, sino que se mete en el carozo del conflicto y propone medir los problemas con otra vara, que no es la que empuñaron siempre hasta aquí los dueños de las topadoras”.

El proyecto de ley fue “trabajado, promovido, y militado por El Foro Nacional de la Agricultura Familiar (Fonaf), el Frente Nacional Campesino Indígena (FNCI) el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), la Mesa de Agricultores Familiares de la Provincia de Buenos Aires y el Movimiento Campesino de Liberación (MCL).

La iniciativa fue presentada en el Congreso de la Nación con las firmas de los diputados Edgardo De Petri, Martín Sabatella, Carlos Heller, Jorge Rivas, María Inés Pilatti Vergara y Liliana Parada.

Esencialmente se propone “declarar la emergencia territorial por el término de cinco años en materia de posesión y propiedad sobre las tierras rurales que ocupan los pequeños productores agropecuarios, las comunidades campesinas o agricultores familiares que lleven adelante actividades productivas de manera individual, colectiva o comunitaria”.

“Esto es, se suspende durante la emergencia toda ejecución de sentencia, actos procesales o administrativos que tengan por objeto desalojar tierras rurales. Lo nuevo es que durante ese plazo el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación estará habilitado para realizar acciones a fin de encontrar una solución a los conflictos”, añadió.

El proyecto de ley prevé un relevamiento de tierras rurales en cuanto a su ocupación y posesión. Allí no sólo se incluirán los datos catastrales de los dominios, sino que se registrarán también las condiciones socioambientales de sus ocupantes, “con el fin de establecer una política nacional de saneamiento de títulos”, señaló la diputada.

Toda esa información deberá recabarse en el Registro Nacional de Tierras Rurales. Hasta aquí un mapeo de la situación actual con elementos que hasta ahora no se incluían. Es la tierra y sus habitantes. Los que tienen allí sus viviendas. Los que la trabajan. Los que se alimentan con lo que allí hacen crecer.

Lo nuevo, también, es que en el relevamiento colaborarán las comunidades campesinas y las asociaciones de agricultores familiares de cada región. Se constituirán comisiones zonales de tierras con todos los actores involucrados y se hará un acopio de información que incluirá la historia de cada predio, entre otras cosas; el estudio de títulos, la fecha en que se inició la posesión u ocupación, la cantidad de familias afectadas, las mejoras realizadas, el uso del suelo, los recursos naturales, cómo es la gestión del agua y la situación productiva del predio. También se registrarán los pedidos de reconocimiento territorial por parte de pueblos originarios y el estado en que se encuentra el trámite.

Se propone la creación de las Mesas de Diálogo y Resolución de Conflictos que actuarán como instancia previa en toda disputa relacionada con el uso y la tenencia de la tierra y convocan a las partes intervinientes y a los funcionarios municipales y provinciales para arribar a una solución pacífica.

“Ocurre con frecuencia que quienes viven y trabajan históricamente en la tierra no tienen muchas veces títulos de propiedad y no coinciden con los nuevos adquirentes o titulares registrales y, ante el reclamo, se produce el conflicto. La ausencia en nuestro país de impuestos inmobiliarios sustantivos favorece la especulación”, afirmó.

En ese contexto se plantean casos de “por un lado, el campesino para el que la tierra es todo; y, por otro, el titular de un negocio inmobiliario. Los datos recabados permitirán determinar qué casos se encuentran en condiciones de regularizar su situación, con el objetivo de realizar un saneamiento de títulos que permita a los que habitan y trabajan una parcela obtener el registro real del dominio”.






Fuente: Diario Norte