Según se pudo saber que entre las posibles acciones se estudia una acción judicial ante la Corte Suprema con el objeto de lograr que los tres poderes resuelvan concertadamente el conflicto garantizando el servicio de justicia. Situación alarmante A través de un documento hecho público el fin de semana, el Consejo de Abogados define como “alarmante” la situación que se plantea actualmente en el servicio de justicia de la provincia a consecuencia de la huelga declarada por los trabajadores judiciales y la casi mayoritaria adhesión que deriva en la mínima actuación de los tribunales provinciales. “El funcionamiento disminuido del Poder Judicial se traduce en la extensión peligrosa de la ausencia o la reducción de la eficacia, aunque sea parcial y temporal, de las garantías institucionales concebidas y dispuestas para hacer efectivos los derechos y las libertades reconocidas por la Constitución y los tratados de Derechos Humanos que comparten su jerarquía suprema. El funcionamiento pleno y efectivo del Poder Judicial constituye a la vez un presupuesto del equilibrio que exige el gobierno republicano y una seguridad para la limitación razonable y eficaz del poder estatal”, aseguran. También detallan que “debe entenderse que el Poder Judicial desempeña una función de gobierno que es tan elemental y necesaria como la que despliegan en sus respectivas órbitas el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, por lo que su afectación significa también una alteración perniciosa de la estabilidad institucional y un menoscabo nocivo de la capacidad gubernamental para brindar respuestas a los requerimientos de la sociedad gobernada”. Piden diálogo El Consejo de Abogados reconoce que la situación que padece el Poder Judicial no puede ser tomada como un conflicto sectorial que solo afecta a un grupo determinado de personas sin repercusión para el resto de los chaqueños. Ante este panorama “exhortamos a todos los Poderes que componen el Estado Provincial para que tomen conciencia de la gravedad inusitada del conflicto, así como también de la amenaza que representa para quienes necesitan obtener amparo judicial o una respuesta del sistema judicial, generando esta omisión la posibilidad de incurrir en privación de justicia”. Asimismo convocan a las máximas autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial a que enfrenten el conflicto mediante el diálogo responsable y la negociación racional, “procurando encontrar la salida que permita la restitución sin mayor daño del pleno funcionamiento del servicio de justicia”.



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