En ese contexto y como resultado del acuerdo extraordinario, los ministros del alto tribunal chaqueño facultaron a la presidencia María Luisa Lucas a “supervisar y definir la concreción de los ajustes que se persiguen”. Según los cálculos propios, al 25 de julio de este año la deuda reclamada llega a los 4.700.000 pesos.

Mediante un comunicado, el STJ dio a conocer la deuda que reclama al Poder Ejecutivo provincial, y resolvió “exigir el cumplimiento de sus obligaciones financieras para con el Poder Judicial”. Fue ese el resultado del acuerdo extraordinario celebrado el jueves por la mañana entre la presidenta, María Luisa Lucas, y ministros del alto cuerpo. Allí, reafirmaron “su inviolabilidad funcional e independencia frente a los otros poderes del Estado”.

La medida fue dispuesta a raíz de “los informes técnicos brindados por la Dirección General de Administración respecto de las remesas de las asignaciones de fondos por parte del Poder Ejecutivo (en la que) se constata la falta de transferencias del total comprometido en dichos conceptos para cumplir con la ejecución de las partidas aprobadas del presupuesto 2012, de acuerdo con la política de transferencias de fondos establecida entre ambos poderes”.

El pronunciamiento es una réplica al gobernador Jorge Capitanich, quien esta semana había negado que se le adeuden transferencias a la Justicia y defendió el criterio de distribución presupuestaria entre los poderes del Estado.

Los números

Según consta en planilla anexa al acuerdo de los ministros, “el Poder Judicial registra al 25 de julio de 2012 una deuda de 4.700.000 pesos”. Asimismo se consigna que “en función de las asignaciones presupuestarias, las transferencias de fondos, calculadas en forma lineal y excluyendo sueldos, debían establecerse en 6.000.000 de pesos mensuales, a lo que se agrega la deuda del tesoro (deuda año 2011) por 6.400.000 pesos”.

Con esta proyección, el Poder Judicial debió contar a la fecha con 48.400.000 pesos. El Poder Ejecutivo fijó una política de transferencia de fondos de 5.000.000 de pesos, durante enero y febrero y 5.550.000 pesos a partir de marzo, lo que implica un total de 37.750.000 pesos a julio de 2012. A la fecha las remesas enviadas totalizan la suma de 32.610.000 pesos, existiendo una diferencia de 5.140.000 pesos, lo que explica la deuda de mención, según el informe. “La deuda determinada no resulta mayor en razón que este Poder Judicial afrontó con fondos propios el pago de obligaciones por la suma de 4.200.000 pesos”, resalta.




Fuente. Diario Norte