La posición pública asumida por las autoridades del Superior Tribunal de Justicia responsabilizando al Ejecutivo chaqueño por las dificultades financieras que atraviesan, tuvo una rápida respuesta del gobernador Jorge Capitanich, quien no solo brindó datos y negó que no se hagan transferencias, sino que además aseguró que el gobierno está encaminado a cumplir las metas fiscales.

En este sentido manifestó que “estamos absolutamente encaminados a lograr nuestras metas fiscales independientemente de cualquier tipo de observación; todos ejercen mecanismos de presión desde el punto de vista del incremento salarial, pero el Ejecutivo ha tenido metas fiscales y financieras de cumplimiento”.

Por ello Capitanich no dudó en sostener que “cumplimos en tiempo y forma nuestras obligaciones y somos extremadamente prudentes desde el punto de vista de la política salarial, porque entendemos que en condiciones de riesgo e incertidumbre internacional que afecta el desenvolvimiento de las finanzas publicas de la Argentina y por ende puede generar menores transferencias relativas de recursos, lo que nos corresponde es hacer un mecanismo preventivo porque eso es lo que nos permite garantizar la sustentabilidad en el funcionamiento del Poder”.

También apuntó que “no podemos hacer frente a una petición de parte del Poder Judicial de incremento de partidas porque no vamos a tener el financiamiento correspondiente. Lo que planteamos es que generemos una discusión respecto a los mecanismos de financiamiento derivados de tasas de justicia a los efectos de obtener financiamiento que permiten redefinir la asignación de recursos para que esas tasas puedan generar el financiamiento de gastos operativos y funcionamiento y de determinados tipos de infraestructura para liberar mas recursos para erogaciones corrientes”.

Los salarios

A la hora de hacer comparaciones el primer mandatario sostuvo que el Poder Judicial del Chaco se encuentra en los últimos lugares en materia de haberes de magistrados y funcionarios y autoridades superiores, pero “en el salario promedio del Poder y básicamente empleados estamos en los primeros. El problema central es cómo se distribuyen los recursos intrapoder y esto es un problema de difícil negociación porque nadie cede”.

“Estoy dispuesto a convocar a todas las partes, pero también con absoluta objetividad vinculado a que no se pueden asignar recursos que no se poseen”.

Por eso hizo mención a que “hacemos un gran esfuerzo, entonces para no tener asfixia financiera y previsibilidad en el flujo de fondos, tenemos que ser extremadamente cautos y ordenados desde el punto de vista de la política salarial porque es la que define finalmente la sustentabilidad financiera de la provincia”.

Los porcentajes

Capitanich puso énfasis en dar cuenta que era falso que no existan transferencias por parte del Ejecutivo, porque “de ninguna manera el Poder Judicial y ninguno de sus miembros podría percibir sus respectivos emolumentos en tiempo y forma si no existiesen transferencias por parte del gobierno”.

Además comparando los períodos de gestiones desde 1999 hasta la fecha el incremento de partidas para la justicia pasó de 9 por ciento en la gestión de Angel Rozas a 250 por ciento durante su mandato por lo que “creo que el esfuerzo que hicimos es extremadamente significativo”.

Las obras

En cuanto a los dichos de las autoridades judiciales de que se paralizan obras, Capitanich dijo que se inaugurar edificios en Charata, Sáenz Peña y está próximo el juzgado de Castelli. “Eso implica erogaciones extremadamente significativas en materia de infraestructura edilicia, pero también de autorización para funcionamiento de nuevos juzgados y en consecuencia estamos cumpliendo con la asignación de recursos”.

“Si existe un saldo pendiente que estamos en proceso de consolidación de 5 a 7 millones de pesos, es una cifra irrisoria y poco significativa para un presupuesto general de la provincia cercano a los 12.000 millones de pesos”.
Asimismo declaró que Chaco es una de las provincias que más invierte en justicia y que eso se puede observar tomando la inversión por habitante la cual es de 530 pesos, mientras que Buenos Aires es de 314 pesos, Entre Ríos 378 pesos.

Por eso sobre el reclamo público que esgrimieron las autoridades del STJ, el mandatario expresó que “entendemos que no es la forma y no corresponde hacer las objeciones, observaciones y aseveraciones. Nosotros vamos a actuar siempre con la misma corrección y la misma prudencia, porque pareciera ser que el más político de los poderes del Estado es el judicial; hacen política a partir de este tipo de declaraciones y nosotros somos eficaces y eficientes administradores del erario público”.




Fuente: Diario Norte