Sociedad
Aumentó más el porcentaje de personas encarceladas que el de delitos cometidos
Así lo señaló en un informe el Comité Provincial Contra la Tortura. Mientras que la comisión de transgresiones, entre 2017 y 2018, aumentó un 6%; la de los arrestados un 52%. «Estamos frente a una clara ideología del encarcelamiento», advirtieron.
Viernes, 13 de septiembre de 2019
              
A pocos días de que dos jueces penales realizaran un llamado de atención sobre la situación carcelaria en el Chaco, el Comité Provincial contra la Tortura emitió un informe en este sentido. A partir de un análisis comparativo entre los datos difundidos recientemente por el Ministerio de Seguridad de la Nación, en primer lugar el dato más sobresaliente que surgió es que durante 2018 en la provincia se produjo un aumento desproporcionado entre el número total de delitos en relación al número de Personas Privadas de su Libertad (PPL) en unidades policiales: es decir, incrementó más el porcentaje de personas encarceladas que el porcentaje de delitos cometidos.
«Tal desproporción pone de manifiesto el incremento de la situación de vulnerabilidad de las PPL y en detrimento de los derechos humanos fundamentales que rigen un Estado democrático, como son, entre otros, el derecho a la dignidad y la integridad personal», recordaron el precepto constitucional.

Los datos:
De acuerdo con el informe del Sistema Nacional de Información Criminal (Snic), realizado por la Dirección Nacional de Gestión de la Información Criminal, en el Chaco se registraron 28.619 delitos en 2018, lo que representa un incremento del 6,37% en comparación con 2017 en el que se registraron 26.903 delitos.
En tanto que los homicidios dolosos (delitos contra las personas) disminuyeron un 14%, mientras que los robos y hurtos (delitos contra la propiedad) tuvieron un aumento del 10% y el 12% respectivamente, en relación interanual de 2017 y 2018.
Estas cifras presentan una desproporción, si observamos los datos recogidos, en relación al número de PPL en Comisarías. Así, para 2017 se contaba con un total de 763 PPL en unidades policiales, y en 2018 el total ascendió a 1.163 PPL. Este encierro masivo en comisarías no se detuvo, siendo que para fines de agosto pasado se cuenta un total de 1.292 PPL.
Entonces, el incremento interanual entre 2017 y 2018 de PPL en seccionales es del 52%, lo que revela una real discordancia con el porcentaje de delitos entre los mismos años, dejando evidenciado que el porcentual de encarcelamiento no guarda relación con la cifra de la delincuencia.

Causas y soluciones.

Tras señalar las estadísticas, llega el análisis para el Comité de la Tortura que plantea interrogantes como ¿a qué responde este encarcelamiento masivo? ¿Responde a variables de presión social, mediáticas, subjetivas?. Y seguidamente los responde: «Sin lugar a dudas, más allá de la multiplicidad de respuestas y causas, encontramos, sin más, que esta cuestión merece un replanteo medular de las políticas encargadas de la contención social. Pero alertamos, que también este panorama no puede quedar exento de una preocupación social y política, siendo los ciudadanos y las ciudadanas, efectores de las prácticas y los discursos».
En esta línea entendieron que «estamos frente al despliegue de una clara ideología del encarcelamiento. La cual consiste, dentro de sus variables sociales, culturales y de demandas de seguridad, en la construcción subjetiva, comunitaria y política, de que más encierro de personas producirá más tranquilidad social. Entonces, cabe irremediablemente preguntarnos en relación a la problemática: ¿hacia dónde nos dirigimos?».
Ante esta situación, el organismo enumeró algunas las sugerencias como desincriminar y redefinir situaciones problemáticas y conflictivas; crear un espacio público alternativo que problematice el influjo de los medios de comunicación masiva; que se revalorice a los movimientos sociales/populares/de base; que se fortalezca el compromiso de las organizaciones de la sociedad civil implicadas en la temática de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y se ponga en marcha el diálogo cooperativo entre los poderes del Estado, como estrategia privilegiada de la definición de las políticas públicas faltantes, la redefinición de las existentes «que como vimos precedentemente sólo consideraron el encierro como respuesta a los problemas sociales y de seguridad», destacaron.

Declaración de la emergencia carcelaria.

Organizada por la Comisión de Derechos Humanos del Poder Legislativo y con el objetivo de analizar propuestas y alternativas en materia legislativa, judicial y del Poder Ejecutivo relacionadas a las personas que se encuentran detenidas en comisarías y a las condiciones de detención y hacinamiento dentro del sistema del Servicio Penitenciario y de Readaptación Social del Chaco (SPP), se concretó la jornada de debate denominada «Situación de las personas privadas de Libertad».
Esta charla estuvo encabezada por la diputada Gladis Cristaldo y los legisladores Daniel Trabalón y Héctor Vega, con la presencia de funcionarios del Poder Judicial y Ejecutivo, representantes del Comité de Prevención Contra la Tortura, Secretaría de Derechos Humanos, y Dirección del Régimen Correccional del Servicio Penitenciario.
Tras la conclusión de la jornada, la titular de la cartera de Derechos Humanos Gladis Cristaldo indicó: «Se analizaron varias propuestas, una de ellas tiene que ver con que la Cámara sancione una ley de emergencia carcelaria, y otras que tienen que ver con modificaciones al régimen procesal penal, a la ley de seguridad pública, recomendaciones a algunos poderes del estado que tiene que ver con la seguridad penitenciaria como en las comisarías».
«Es importante que hemos contado con la presencia de muchos organismos y poderes del Estado, si bien es cierto que vienen trabajando desde hace rato en relación a buscar soluciones a esta problemática, por primera vez se hizo un planteo concreto en lo que tiene que ver con cuestiones en lo legislativo para trabajarlo desde la comisión de derechos humanos y pretendemos canalizar todas estas cuestiones a través de la Comisión y poder dar forma de una iniciativa legislativa, que tienda a modificar esta situación de crisis en la que se encuentran hoy las cárceles y las comisarías de la provincia», informó Cristaldo.
El legislador Daniel Trabalón expresó: «La provincia tiene una historia con el fallo Greco, lo que pone de manifiesto la necesidad urgente de tratar y de fijar políticas ante la situación de emergencia en la que se encuentran estas personas, algunas con condenas y otras con procesos en situaciones de hacinamiento, sin acceso a la salud, educación, condiciones mínimas para habitar, por lo que nos parece que estas cuestiones deben ponerse a discusión, y ver que se necesita para modificar esta problemática».
«Desde el comité provincial contra la tortura se plantea la necesidad de declarar la emergencia carcelaria, es un tema agendado en la Legislatura pero necesita decisión política porque tiene que ver y que involucra al poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo», dijo.
Por otra parte, subrayó que «pretendemos poner en la agenda legislativa, abordar desde allí cual es la responsabilidad que tiene y que podemos hacer en función de eso, pero además sostener en el tiempo esta mesa, para avanzar en ponernos de acuerdo en las políticas necesarias y desde allí cada uno de los poderes y organizaciones ver las responsabilidades, estamos trabajando en algunas iniciativas que en los próximos días se van a plasmar en la legislatura como un aporte y avance a este debate».

Piden atención médica para aprehendido.

Oscar Alberto López (36) se encuentra detenido por narcotráfico en un destacamento de Gendarmería en Santo Tomé. Un accidente previo a su detención hace que requiera tratamiento e intervención médica, dos condiciones constitucionales que el Estado le debe asegurar, sin embargo -según su tía Graciela Ojeda- no se están cumpliendo en este caso.
«Presentamos todos los estudios, necesita una operación urgente de la cintura porque tuvo un accidente», explicó la familiar desesperada, teniendo en cuenta su condición de salud, y el estado de detención en el que se encuentra: «Está mal, la pierna derecha ya no siente, se le adormece. No le dan medicación ni lo llevan al hospital, y encima son muchos internos». « Me interesa la salud de él, si se tiene que quedar preso que se quede, pero que lo atiendan», relató.
«En el Juzgado Federal 1 de Corrientes tienen todos los estudios, resonancias, pero dicen que es lento todos los trámites», comentó Graciela, quien también pidió la intervención del Comité Provincial de la Tortura para que bregue por la atención médica del detenido.













Fuente: La voz del Chaco.
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