A su vez Aguilar aseguró que “hay muchos intereses económicos, buscando hacer en el predio de la ex textil Abraham grandes negociados inmobiliarios. Esperemos que la Justicia no se deje cooptar esos intereses y esos negociados”.

De esta forma el presidente de la Cámara de Diputados trató de responder a una medida que se venía venir dado que hay un grupo grande de acreedores entre ellos un grupo empresario que planeó recuperar la textil pese a que está parada hace mucho tiempo.

Pero Aguilar no sólo que pidió que la Justicia actué con imparcialidad sino que fue más allá y calificó la medida otorgada a los actores “de un fallo un mamarracho inexplicable, o explicable por razones que no se pueden decir”.

Potestad del Legislativo

“El fallo del juez que otorgo la cautelar en el tema edifico legislativo es un verdadero mamarracho. La declaración de utilidad pública es una potestad (subjetiva) exclusiva del poder legislativo. En este caso fue considerada por 25 diputados (una mayoría incluso superior que la se necesita para proponer una reforma constitucional), con razones muy solidas y razonables”, agregó.

“La legislatura sobre la avenida Sarmiento, incluso si se pudiera construir, implicaría además cortes permanentes sobre el principal ingreso a la ciudad”, indicó en una publicación de la web.

Para muchos las declaraciones de Aguilar excedieron el límite aunque se correspondan con el temperamento que usó para conducir una Legislatura que logró avanzar con varias leyes pero aún tiene que trabajar con las reformas de fondo.

Por el momento el presidente no adelantó que camino tomará ante el fallo pero casi con seguridad será apelado ante la Cámara, la instancia superior y no descartaron llegar hasta el Superior Tribunal de Justicia (STJ).

Una expropiación polémica

Si bien es cierto que la expropiación del predio se aprobó por una mayoría de legisladores, algunos tuvieron reparos dado que entre otras cosas pedían un dictamen para determinar si la norma no iba a afectar el proceso de quiebra.
Los que sostuvieron el proyecto determinaron que no se afectaría ningún proceso y que la provincia era la principal acreedora del predio por lo que no se presentarían inconvenientes de ningún tipo.

Al parecer no estaban tan en lo cierto porque un juez provincial determinó la medida de no innovar lo que por el momento significa frenar el trámite de apropiación del inmueble para comenzará con las refacciones.

También Aguilar defendió la expropiación asegurando que el predio que fue comprado para construir la Legislatura en la avenida Sarmiento está ubicado en una zona con restricciones severas.

Sin embargo frente al mismo se va a construir un edificio privado y en esa zona están previstos varios proyectos por lo que el justificativo no parece tener una solidez más allá de que la Cámara resolvió respetar la voluntad del APA.
Además es la segunda vez que la Legislatura por cuestiones de tipo ambientales sede un terreno y en esos lugares se construyen edificios que son aceptados por el mismo organismo que recomendó no construir.




Fuente: Diario Norte