El presidente del bloque de diputados peronistas, Ricardo Sánchez, brindó detalles de la ley de biocidas aprobada en general en la sesión del miércoles y que en la última semana de julio será debatida en particular.

“Es una ley que nos pone a la altura de la mejor legislación en materia de manejo de productos químicos y biológicos de uso agropecuario. Hemos repasado las leyes de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, que son las provincias más productivas del país”, explicó.

“La norma chaqueña establece la vigencia de una zona de resguardo, tanto para las ciudades como para los establecimientos sanitarios, escuelas, cursos de agua o reservorios. Esta zona de seguridad implica que habrá una franja mínima de 500 metros donde no se podrán efectuar pulverizaciones terrestres, y de 1.500 metros para las aplicaciones aéreas”, comentó.

“Además, le damos a la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Medio Ambiente, la facultad de ampliar las distancias. No nos olvidemos de que la norma considera presupuestos mínimos que la autoridad puede ampliar”, destacó.

Principio precautorio

Sánchez determinó que, “a la vez, se establece la vigencia absoluta del principio precautorio, que significa que --ante una denuncia-- la autoridad de aplicación, aunque sólo presuma que causa un daño, puede establecer que el acto de aplicación de ese veneno no se efectúe”.

“Un abogado dirá cómo, ante la mera denuncia, no puedo echar glifosato en mi campo. Eso se establece en la ley, que la autoridad de aplicación evalúe esa denuncia y tenga la facultad de impedir que el acto se siga ejecutando y con un estudio se determine si se continúa o se suspende definitivamente”, ilustró.

Autoridad de aplicación

El diputado peronista aseguró que “el Ministerio de Planificación y Ambiente será la autoridad de aplicación; pero también decimos en la ley que actuará en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de la Producción y los municipios”.

“Establecemos también que deberá trabajar en coordinación con la APA, en caso de tratarse de un curso de agua”, afirmó el legislador, uno de los impulsores de esta iniciativa propuesta por el gobierno.

“La ley también implica un cambio cultural porque los envases actualmente se venden a la vera de la ruta 16 como bidones para agua potable. Quienes vendían los productos luego de la operación comercial se desinteresaban de qué pasaba con el envase. Ahora, con la ley, los obligamos a que esos envases se inutilicen mediante perforado, para impedir que sean usados como recipientes para agua”, indicó.

Comisión educativa

Por otra parte, Sánchez celebró que la norma haya recreado la comisión educativa sobre el uso de plaguicidas agrícolas, muy activa en la década del 70. “Hay una función educativa que tiene la ley y se establece que el Ministerio de Medio Ambiente debe elaborar un manual de buenas prácticas que tiene que ver con la utilización de estos productos en áreas periurbanas o lindantes con establecimientos escolares”.

“Todos los usuarios deben presentar una certificación de esta buena práctica agrícola. Durante el debate concluimos que en la inmensa mayoría de los casos que afectaron la salud de la población eso ocurrió por el mal uso de estos productos. Es tremendamente importante que quien se suba a un tractor con un fumigador sepa qué está haciendo, que sepa que no es una arada inocua al medio ambiente. ¡Y qué decir con los aplicadores aéreos!”, señaló.
“Me parece que hay que insistir en esta parte educativa. En la medida en que centremos el eje en las buenas prácticas agrícolas, podremos llegar a una convivencia entre salud y producción”, subrayó.




Fuente: Diario Norte