El juez federal Ariel Lijo pidió a la justicia electoral los balances donde consten los estados contables relativos a los gastos de campaña electoral del año 2015 correspondientes a Cambiemos. Además solicitó varias medidas de prueba relacionadas con las empresas que prestaron sus servicios en esa campaña. Pedidos a la AFIP y a la Inspección General de Justicia.

En enero pasado el fiscal Ramiro González pidió que se abra una investigación para determinar si se cometieron delitos para financiar la campaña electoral presidencial de Cambiemos 2015, en la que finalmente Mauricio Macri fue elegido.

El magistrado requirió a la Inspección General de Justicia y a la AFIP información de las firmas CHK servicios audiovisuales, Cap publicidad y Televaz.

Y al juzgado federal electoral que informe autoridades y apoderados, autoridades de campaña y responsables de administración rendición de cuenta de la campaña del partido Cambiemos.

El caso se inició con una investigación preliminar que hizo el fiscal Jorge Di Lello a raíz de las revelaciones hechas por el portal El Destape, a través de las cuales se describían diversas maniobras que se habrían llevado a cabo con los gastos de campaña de “Cambiemos” relativos a las elecciones presidenciales llevadas a cabo durante el año 2015.

Concretamente, tales maniobras consistirían en el pago a diferentes proveedores de millonarias sumas dinerarias “en negro” durante la referida campaña electoral, como así también el desvío de recursos pertenecientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -desde el Ente de Turismo de esa ciudad, en ese entonces a cargo de Fernando De Andreis- con el objeto de afectarlos a gastos relativos con las elecciones presidenciales llevadas a cabo durante el año 2015.

Asimismo, consta que en el marco de la Investigación Preliminar que se le recibió declaración testimonial al periodista Juan Ignacio Tomás Amorín, autor de las notas periodísticas , en el marco de la cual indicó que “una fuente me mostró una fuente de acceso público a un foro de GMAIL del equipo de comunicación del PRO, al que se accedía a través de una página web, y cuyo acceso fue cerrado, que es la publicada en la nota del Destape”.