La Ley Penal para Delitos de Terrorismo y su Financiamiento, publicada este 1 de noviembre, quita amplios poderes del Ministerio del Interior, que son transferidos al Ministerio Público y un nuevo cuerpo denominado Presidencia de la Seguridad Pública, espacios que reportan directamente al rey.


Sarah Leah Whitson, directora para Medio Oriente de Human Rigths Watch (HRW), manifestó en El Cairo-, que esta ley tiene una definición "demasiado amplia de terrorismo" similar a la ley anterior, aunque a diferencia de ésta la nueva incluye una referencia a la violencia con la cláusula "dañar a un individuo o resultar en su muerte", cuando el propósito es aterrorizar a las personas o forzar a un gobierno a que lleve a cabo una acción.

La nueva norma define el terrorismo como la "alteración del orden público", e incluye acciones tales como "atentar contra la seguridad de la comunidad y la estabilidad del Estado", "exponer la unidad nacional al peligro" todas las cuales -según HRW- son definiciones vagas que ya fueron utilizadas por las autoridades para castigar disidentes y activistas pacíficos.


¿Cuáles son los puntos de la nueva ley antiterrorista que más preocupan a los organismos de Derechos Humanos?

La Fiscalía Pública puede detener y arrestar a las personas, intervenir sus comunicaciones y sus datos financieros y hacerse con sus bienes, bajo sospecha de terrorismo y sin supervisión judicial.

Las penas contempladas prevén de tres a ocho años de cárcel para quien "apoye, promueva, simpatice o incite al terrorismo", así como quince años de prisión para quien "utilice su estatus académico, social o mediático para promover el terrorismo".


La pena de muerte será ejecutada no solo para quienes cometan actos terroristas como secuestrar personas o medios de transporte, sino también para "aquellos que amenacen con hacerlo", tanto si llevan armas como si "declaran tenerlas", aunque no las muestren.



Fuente: Télam