La derogación no fue acompañada por varios legisladores, entre ellos el presidente del bloque Ricardo Sánchez y el presidente de la Legislatura, Eduardo Aguilar, que eran partidarios de volver a prorrogar la Ley 3.718 dado que era “inoportuno derogar una normativa sin una nueva ley”.

Otro sector que se opuso es el Frente Grande que si bien creyó necesario modificar la norma consideraba más apropiado continuar trabajando en comisión con las distintas propuestas que hay sobre la colegiación.

En tanto, salvo Jorge Varisco que se abstuvo, el resto apoyó sepultar la norma 3.718 que nunca pudo ponerse en práctica por falta de acuerdos y de esta forma abrir el camino para encontrar un acuerdo que termine con la indefinición de más de dos décadas.

El debate

Cuando los diputados estaban definiendo la alteración del orden del día Ricardo Sánchez pidió agregar al proyecto de derogación una iniciativa para prorrogar la ley. Su propuesta fue atacada inmediatamente desde su propio bloque.

El primero en oponerse fue Darío Bacileff Ivanoff que sostuvo su negativa a dar los dos tercios. Esta postura fue ratificada por María Lidia Cáceres y Mirta Morel. En tanto, desde el bloque radical casi todos mocionaron en contra de la prórroga, una postura que demostró coherencia con lo expuesto la última vez que Diputados había aprobado suspender la aplicación de la Ley 3.718.

A favor de la derogación

Luego de la discusión se manifestaron a favor de dejar en pie solamente la primera ley sobre el ejercicio de la abogacía, conocida como Ley 25 los legisladores: Delia González, Beatriz Vásquez, Egidio García, Avelino Milar, Elba Altamiranda, Carim Peche, Raúl Acosta, Sergio Vallejos, Carlos Martínez, Wilma Molina, Gustavo Carballo, Livio Gutiérrez, Cáceres, Carlos Beltrán, Amelia Clide Monzón, Morel, Leonardo Yulan, Nancy Gersel, Hugo Domínguez, Néstor Marcón y Bacileff Ivanoff.

En tanto, se inclinaron por la prórroga Sánchez, el presidente de la Legislatura, Eduardo Aguilar, Daniel Trabalón, Marcelo Castelán, Elda Pértile, Beatriz Vásquez, Daniel Trabalón y Fabricio Bolatti. El diputado Jorge Luis Varisco, se abstuvo.

“Corte definitivo”

Cáceres recordó que “la Ley 3.718 es un tema de vieja y larga data que nunca fue puesta en practica y esa cuestión nos marca a todos, a los que nos involucra desde el Foro de Abogados, como diputados por no haber tenido la madurez para darle un corte definitivo a la cuestión”.

La diputada señaló que la norma debe derogarse en esta sesión “porque el 1 de junio vence la suspensión de lo que fue una de las tantas e innumerables suspensiones. Esta definición debe tomarse y atendiendo a la seguridad jurídica, a todo lo que se vino haciendo. Debe derogarse por tener vicios de inconstitucionalidad. Fue clara la reforma del 1994 de la Constitución Nacional que en el artículo 14 que nos obliga a quienes tenemos responsabilidad que debemos garantizar el libre ejercicio de la profesión y la gratuidad. Es claro porque dice sin obligación de asociarse a entidad alguna. El derecho a trabajar no puede ser conculcado, por nadie, tenemos que garantizar a los profesionales la necesidad de hacerlo libre y gratuitamente”.

“No es una solución”

En cambio, Sánchez aseguró que “no creo que el tema se dirima en si estoy o no con la Ley 3718. Tengo que decir que esta ley es para un grupo de abogados de Resistencia y yo también estoy en contra, pero no de la colegiación legal, se como se vino moderando esta ley con la cual nosotros militamos en contra, porque creemos que no es la solución para una colegiación legal en la que si creo”.

“No voto la derogación porque creo en una mesa de debate donde dispongamos una suspensión de 120 días y decir en este tiempo cual es la ley que mejor pueda garantizar el control de la matricula, ojala nunca se crucen con los intereses del Superior Tribunal de Justicia. Quiero que votemos colegas que integren esa colegiación legal. Quiero un colegio que integre a todos los abogados de la provincia y no solo a los de Resistencia. No podemos seguir con la vieja ley 25 y que no exceda de este año tratar una modificación a esta norma o una colegiación legal y a partir de allí generar las condiciones para el ejercicio de la abogacía, por ello propongo in voce, la suspensión por 120 días de la 3.718 y la aprobación del proyecto del resolución”, definió.









Fuente: Diario Norte