La presentación la realizó la Defensoría del Pueblo de la Nación como parte actora de la causa y se basó en el informe que remitió el ombudsman chaqueño, Gustavo Corregido, donde explicaba la necesidad de asistencia a la población aborigen que aumentó considerablemente en diez años.

La actuación presentada ante la Corte lleva como carátula “afectación de derechos de la comunidad indígena” y en la misma se advierte que una gran cantidad de familias de Pampa del Indio y Río Bermejito no reciben el beneficio del módulo alimentario dispuesto por la resolución del tribunal en el año 2007, “pese a encontrarse radicadas dentro de la región establecida para la aplicación de la medida cautelar dictada ese año”.

La Defensoría Nacional adjuntó un censo en la presentación y pidió a la Corte Suprema de Justicia que de intervención al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a fin de que se amplíen los beneficiarios en función del relevamiento. En el expediente se destaca que la petición es necesaria resolverla de manera urgente por la importancia del tema y se pide mantener la vigencia cumpliendo con lo requerido mediante la entrega de bolsones con alimentos y agua potable para las comunidades.

Corregido destacó que “es fundamental mantener la vigencia porque son muchas las familias aborígenes que están dentro de esa jurisdicción que aún necesitan asistencia y que están expuestas a condiciones de vulnerabilidad social”. Además pidió que se resguarde el derecho de las comunidades y que se atienda la demanda en cuanto a viviendas, salud y educación.

Cabe recordar que la Corte Suprema ordenó en el 2007 al Estado chaqueño y al Estado nacional la adopción de las medidas necesarias para modificar la calidad de vida actual y para garantizar una real y efectiva calidad de vida digna de quienes habitan la región sudeste del departamento Gral. Güemes y noroeste del departamento Gral. San Martín de la provincia del Chaco, en su mayoría comunidades aborígenes.


Fuente: Prensa Defensoría del Pueblo de Chaco