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polemica Corregido pidió la inconstitucionalidad del aumento del impuesto inmobiliario  El Defensor del Pueblo del Chaco, Gustavo Corregido interpuso un amparo contra la Municipalidad de Resistencia y el Concejo capitalino para que se declare la inconstitucionalidad de las ordenanzas tributarias aplicadas en 2013 y 2014 a través de la cual se ordenó el aumento de la base imponible del impuesto inmobiliario por no contar con base cierta para el cálculo del valor del terreno y por ende devienen en arbitrarias. En la presentación realizada a la jueza Cintia Lotero de Volman del Juzgado Civil y Coemrcial N° 5, además solicita que una vez declarada la inconstitucionalidad se ordene la devolución de las sumas percibidas en concepto del impuesto inmobiliario, en la parte proporcional al aumento dispuesto a los períodos establecidos.
El defensor del Pueblo, Gustavo Corregido.
El caso
Es preciso recordar que de manera reiterada la Defensoría del Pueblo solicitó información sobre el incremento del impuesto a partir de las quejas de vecinos y presentaciones efectuadas ante el defensor. En un momento se recomendó dejar sin efecto el incremento para que se trabaje en el tema, algo que no ocurrió y con posterioridad hasta se tuvo que presentar un recurso de habeas data contra el municipio con la finalidad de saber de dónde saca el valor de mercado de la tierra en Resistencia. La jueza Civil y Comercial N° 9, Alicia Susana Rabino, hizo lugar a la acción entendiendo que en la Municipalidad de Resistencia omite informar cómo se obtiene el valor de mercado utilizado.
Aumento desmedido
En los hechos que motivaron la presentación, el defensor explicó que se observa el aumento “desmedido” de la base imponible del impuesto inmobiliario, sin que se pueda conocer parámetros ciertos que se utilizan para fijar el mismo. “Esto implica una cercenación indebida al derecho de propiedad de vecinos de Resistencia por parte de las autoridades municipales a través de la implementación en forma arbitraria e ilegítima de un nuevo monto imponible”.
Asimismo sostiene que la modificación del monto imponible de impuesto inmobiliario de Resistencia implica una “flagrante violación a derechos constitucionales de propiedad, en la interpretación amplia realizada por la Corte del artículo 17 de la Constitución Nacional y del derecho de defensa (artículo 18), ya que al no existir parámetros ciertos para determinar el monto imponible, surge la imposibilidad de efectuar una defensa por parte del contribuyente”.
Esto ocasiona “un daño cierto y mensurable en tanto se obliga a pagar un monto con incrementos superiores al cien por ciento por año, sin que exista un parámetro cierto para determinar el monto imponible del terreno, lo que a todas luces es inconstitucional”.
Insistió en que “se ha producido el aumento sin que exista parámetros ciertos que permitan realizar un análisis de los montos imponibles en relación a los terrenos y que posibiliten al contribuyente conocer como está compuesta su liquidación, esto sumado a que no se ha dado participación a los vecinos, a los fines de que estos puedan efectuar una defensa de sus derechos”.
Más de 12.000 pesos anuales
Dentro de esta situación hay un caso que resulta emblemático para la Defensoría, como es el de Fabio Javier Pérez, vecino de Resistencia, quien solicitó intervención luego de haber presentado un reclamo a la Municipalidad de Resistencia, en fecha 11 de febrero, indicando que un terreno suyo, de 10 x 40 metros, ubicado en Edison al 345, pasó de pagar 1.263 pesos por bimestre a 2.277 pesos. En la presentación al municipio hacía saber que pagaría la primera cuota por la ayuda de amigos, pero que luego no podría afrontar ese impuesto.
Según la información aportada, el año pasado pagó 1.263 pesos por bimestre, que se compone de un Impuesto Inmobiliario de 96,35 pesos, y un recargo por baldío de 1.059 pesos por bimestre. El terreno en cuestión tenía una valuación en el año 2013 de 160.848 pesos.
En el año 2014, esa valuación se actualizó a 270.000 pesos, debiendo abonar por bimestre 2.277 pesos, que se componen de 175 pesos de Impuesto Inmobiliario y 1930 pesos de recargo por baldío, además de 168 pesos de Fondo de Infraestructura.
Fuera del caso específico de los años 2013 y 2014, Pérez abonaba anualmente en concepto de Impuesto Inmobiliario, por ese terreno 878 pesos en 2010; 2.092 en el 2011; 3.043 en 2012; 6.937 en 2013 y deberá pagar hasta fin de este año 2014 la suma de $ 12.634.
fuente: diario norte
Sábado, 20 de septiembre de 2014
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