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Educación La posición de Atech sobre la propuesta del Gobierno 
El análisis de la asociación según cada punto.
Ante la realización del Congreso Pedagógico la Atech manifiesta públicamente su posición ante los siguientes puntos:
1- El financiamiento educativo está fijado por ley y en la Carta Magna Provincial. Por ende, no necesita ser sometido a ninguna discusión. Sólo hace falta que se cumpla como las leyes lo imponen.
2- La Atech sostiene y reclama hace décadas la necesidad de la creación de nuevos establecimientos en todos los niveles y modalidades. La calidad de la enseñanza está directamente relacionada con el equipamiento escolar y con los espacios adecuados y suficientes. Es obligación del Estado, a través de sus organismos y dependencias específicas realizar los relevamientos necesarios para la verificación del estado de la infraestructura escolar.
3- La necesidad de auditoría que plantea el Gobierno a discutir en este Congreso, respecto de los fondos destinados a educación como de manera específica a proyectos especiales asegurando su carácter “excepcional” (lo que indefectiblemente debe cristalizarse en los hechos), a las unidades educativas de gestión privada y de gestión social, que debe ser realizada de manera constante y continua. El Estado está obligado a cumplir con el estricto control del erario y necesariamente, sancionar los desvíos o cualquier otro delito proviniese de donde fuere.
4- El MECCyT tiene una dependencia específica denominada “Infraestructura escolar” cuya función es la de recorrer todo el territorio provincial haciendo el relevamiento del estado de las instituciones y de brindar soluciones al respecto. No amerita un Congreso para que esta función se cumpla y se resuelvan los crónicos problemas estructurales. Rechazamos categóricamente cualquier delegación de responsabilidad alguna que es propia del Estado Provincial a Municipios.
5- El Estado está obligado, por ley a llamar a concursos. Pero, como se hizo costumbre incumplir la norma en este caso, se pretende poner a docentes contra docentes para dirimir una cuestión que no es su responsabilidad. Que el Ministerio cumpla con la ley sería la mejor enseñanza respecto del respeto por la norma que, hace tiempo, no lo hace.
6- El Nivel Superior debe ser, ante todo, considerado como tal. Otorgarle las funciones que por ley le están fijadas. No se necesita una nueva ley. Hay otros instrumentos legales que deben ser dictados para ordenar el problema que el propio Estado generó.
7- Insistimos en nuestros planteos gremiales la Formación Docente Continua debe ser de óptima calidad, de carácter universal, gratuita y en servicio. La planificación de la Capacitación y Formación Docente, hace tiempo no es un tema de agenda del Ministerio de Educación. Por otra parte, el Estado debe garantizar con estrictos controles las ofertas académicas que provengan de Universidades o demás instituciones formadoras.
8- Nos oponemos terminantemente a que “la formación docente” o una mal pretendida “evaluación de resultados” sea una variable del salario. RECHAZAMOS el pago por rubro “capacitación” o por cualquier otro rubro variable en un claro intento de discriminación entre la docencia del Chaco.
9- El Ministerio tiene la obligación de generar, distribuir y capacitar a los docentes para que los niños y niñas que egresan de las escuelas primarias lo hagan con las capacidades que cada área de conocimiento exige.
10- Es imperioso que todas las escuelas de Educación Técnica y de formación profesional, cuenten con los mismos recursos en idénticas condiciones de igualdad respecto de infraestructura y equipamiento.
11- La Educación Rural es una de las tantas modalidades que contienen las leyes 26206 –de Educación Nacional- y la Ley Provincial de Educación 1887 E, en el Capítulo XII describe taxativamente. No es necesaria una nueva ley. Se necesita la actualización y adecuación de normas para hacer de la ruralidad y de la educación rural un campo de conocimientos y experiencias de aprendizajes enriquecedoras. Para ello es imprescindible que se mejoren las condiciones infraestructurales generales y las condiciones de enseñanza en tales establecimientos.
12- La Educación Sexual Integral deber ser implementada a través de acciones pedagógicas concretas. Ha sido suficientemente debatida. Pero, aún, esta Provincia no ha emitido en cantidad y calidad los recursos y materiales curriculares que la docencia necesita. Cada escuela debe contar con una provisión de materiales de calidad que permitan la interactuación de niños, docentes y padres, como así también de los agentes de salud.
14- La Provincia debe proveer libros y demás materiales en formatos distintos: digitales, braille, audiolibros para que se constituyan en verdaderos instrumentos de inclusión.
17-La Educación Especial debe ser establecida en todos los niveles obligatorios de enseñanza con la debida provisión de personal con preparación específica.
19- Respecto de la “…necesidad de definir y aprobar un sistema de información y evaluación “integral” de nuestro sistema educativo, la Atech se pregunta si nadie de todos los que han tenido responsabilidades oportunamente en los gobiernos tanto nacional como provincial se harán cargo jamás de las nefastas consecuencias acarreadas para con el sistema educativo argentino de la felizmente derogada Ley Federal de Educación Nº 24.195 –de la década del 90.
24- Respecto de …” la necesidad de constituir los Consejos Escolares por escuela con la participación de todos los estamentos de la comunidad educativa…” propuesta por el Gobierno en el marco del Congreso Pedagógico…, la Atech se hace un deber subrayar la determinación clara al respecto establecida en la Ley de Educación provincial 6691/10 –hoy 1887 E-, en su Capítulo VI, a propuesta de nuestra Organización Sindical entonces, con mayoría de agentes intraescolares, 60% por personal docente del establecimiento-, y un 40 % con representantes de la comunidad educativa. El director del establecimiento educativo ejercerá la presidencia. La función de los Consejos Escolares “…será la de participar y cooperar en todo aquello que haga al apoyo y mejoramiento de la calidad de la educación, sin injerencia en las responsabilidades y facultades tanto directivas como docentes, en lo administrativo, pedagógico y de financiamiento”.
"Concluimos en que este Congreso Pedagógico no debe ser una instancia en la que se debatan los sistemáticos incumplimientos que, de larga data, tiene el Estado Provincial para con la educación y la escuela pública, estatal y gratuita. Del mismo modo que subrayamos que el Congreso no debe admitir discusión alguna sobre posibilidad de inejerencia política de los municipios y/o nombramientos de integrantes de las escuelas que representen intereses políticos partidarios, recordando que en la discusión de la anterior ley de educación provincial (4449/97), este Sindicato logró desactivar la decisión política de la Cámara de Diputados, de convertir los cargos directivos de los establecimientos educativos en cargos políticos partidarios".
"Las obligaciones que el Estado debe cumplir están reguladas por leyes vigentes que no se cumplen y, si lo hacen, lo hacen parcialmente. La vasta geografía del Chaco merece un sistema educativo integrado, basado en la igualdad y la equidad en todos los sentidos, no sólo en lo referente a las condiciones de enseñanza y de aprendizaje en los diferentes contextos, sino en una verdadera distribución de recursos para toda la sociedad de modo tal que la escuela y la educación públicas sean un medio eficaz para poder hacer resurgir la Provincia del Chaco. Señores Gobernantes: la parcialidad no resolverá las cuestiones que merecen una atención urgente e integral".
"Los docentes aguardamos discutir en un Congreso Pedagógico: planificación educativa, contenidos, transferencias áulicas de los mismos, en definitiva, los docentes pretendemos discutir la labor cotidiana para que realmente hablemos en serio de una educación de calidad", cerraron.
Fuente: DataChaco
Domingo, 23 de febrero de 2020
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